Un exhorto internacional fue enviado para localizar a una menor de 10 años que habría salido de Argentina sin el permiso de su padre ni del juzgado de Familia de Rosario.
La Justicia de Rosario envió un exhorto a la Justicia de Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para intentar dar con el paradero de una niña rosarina de 10 años, que salió del país sin autorización de su padre ni del juzgado de Familia de Rosario. Así lo afirmaron en declaraciones a La Capital las abogadas Victoria Colombo y Sharon Juanto, representantes del papá de la nena, Mariano Diez.
Las letradas indicaron que la mujer se cambió de identidad en aquel país y también intentó cambiarle la identidad a la niña, de acuerdo a los ingresos que figuran en Migraciones entre 2023 y 2024. El padre de la niña viene reclamando desde 2019 por el paradero de su hija en el juzgado de Familia Nº 1, a cargo de María José Diana, donde se tramita actualmente la tenencia de cuidado de la menor.
Recién en abril de este año, tras una instancia de apelación, la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial conformada por Marcelo Molina, Jéssica María Cinalli y René Juan Galfre, exigió la escolarización de la niña, pero no pudo acreditarse. En el transcurso de este mes determinó el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre el padre por una denuncia de abuso sexual, que no se pudo acreditar.
El fiscal Damián Cimino, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la jueza Diana libraron un exhorto de paradero (el 10 y 15 de abril, respectivamente), por medio del Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Allí intervino la cartera de Relaciones Exteriores de la Nación, en coordinación con la Justicia de Estados Unidos.
Según explicaron las representantes legales, desde 2019 Mariano no supo nunca más del paradero de su hija, ya que la última vez que tuvo noticias fue cuando ella tenía tres años y medio. Recalcaron que durante este derrotero tampoco tuvo respuestas del juzgado de Familia hasta que se enteró por medio de las autoridades escolares que hacía tiempo que no asistía a la institución educativa y que su madre había decidido escolarizarla online en una escuela de Florida, Estados Unidos.
Diez aseguró que durante todo ese tiempo la Justicia no lo escuchó y mantuvo una restricción de acercamiento que se levantó recién hace unos días, aunque la denuncia había quedado desestimada en 2021. La denuncia penal realizada contra Diez en 2019 estuvo basada en el testimonio de la madre de la niña y contó con el asesoramiento de un profesional vinculado a una organización presidida por un exjuez federal, a la que investiga un equipo de fiscales del MPA por presunta asociación ilícita y corrupción de menores.
Tanto el padre como sus abogadas puntualizaron que en los tres años previos a la denuncia, la madre la cambiaba constantemente de pediatra y la aislaba todo el tiempo. Un pediatra llegó a advertirle que la niña estaba padeciendo síndrome de Münchausen por todo lo que le atribuía a su hija.
Las abogadas detallaron que el ingreso de 2024 coincidió con una audiencia que se hizo en el juzgado de Familia, donde la mujer y su abogada manifestaron que la niña residía en Rosario, que hacía actividades y que estaba escolarizada en Florida bajo la modalidad home school. El Ministerio de Educación de la provincia realizó una presentación en el expediente judicial para dar cuenta de una negligencia grave por parte de la madre, ya que dejó de mandarla a la escuela.
En Migraciones figuran dos ingresos de la madre al país, en 2023 y 2024, con su nuevo nombre, pero en el medio no se acredita ninguna salida hacia aquel país. Asimismo, revelaron que ese mismo día de la audiencia la madre le firmó un poder general a su abogada.
Cabe recordar que en 2022 el caso se encontraba en manos de la jueza de Familia Silvina García, quien al archivarse la causa penal por abuso en contra del padre ordenó una audiencia para escuchar a la niña. Eso ocurrió en presencia de la abogada y el defensor oficial de niños. Sin embargo, la madre puso un grabador en las pertenencias de la menor y eso derivó en denuncias de las psicólogas de la organización contra todos los allí presentes. Esa fue la única y última vez que se escuchó a la niña.