La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado rechazando el proyecto de reforma judicial y de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura.
El Poder Ejecutivo santafesino envió a la Legislatura un paquete de reformas judiciales y de seguridad denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”. La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado en el que rechazó la iniciativa.
Según el comunicado, el proyecto introduce “menoscabos a reglas básicas de enjuiciamiento penal” y representa un retroceso en la historia democrática e institucional de la provincia. Los abogados afirmaron que “ningún Código Procesal Penal posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal”.
El proyecto oficial contempla 11 puntos clave destinados a modificar el Código Procesal Penal y diversas leyes vigentes. Entre los ejes principales, el Ejecutivo busca otorgar mayores facultades de investigación a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilizar procesos de flagrancia, endurecer los regímenes de aislamiento para presos de alto perfil, crear “zonas de intervención especiales” con restricción de derechos de circulación, e inhabilitar inmuebles vinculados al narcotráfico.
Los abogados penalistas advirtieron que “avanzar rápido no es avanzar justo” y señalaron que la propuesta introduce institutos “arbitrarios, absurdos e incompatibles con el derecho procesal penal moderno”.
Uno de los puntos que genera mayor rechazo entre los profesionales es el otorgamiento de “exorbitadas atribuciones” a las fuerzas policiales. Desde la Asociación recordaron que muchas de esas facultades habían sido quitadas con la implementación del sistema acusatorio en 2014 para evitar casos de corrupción y violencia institucional. “Privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional”, sostuvieron.
Los penalistas también cuestionaron que se dote a los fiscales de funciones que constitucionalmente son exclusivas de los jueces. El comunicado enumera la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la flexibilización para aceptar pruebas dudosas bajo la justificación de “buena fe” policial, medidas de restricción de la libertad impuestas por decreto y la posibilidad de que el órgano acusador dicte sentencias condenatorias eliminando el juicio previo.
La entidad también puso el foco sobre el artículo del proyecto que habilita la “injerencia en derechos fundamentales” de manera preventiva. Según advirtieron, la reforma permitiría al Estado entrometerse en la intimidad de las personas, sus comunicaciones y sus dispositivos tecnológicos sin que exista una causa previa o una sospecha fundada. Para la asociación, esto constituye “un atropello autoritario contra derechos elementales de todo ciudadano”.
Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario advirtieron que, de aprobarse la ley tal como está redactada, se desatarán planteos de inconstitucionalidad ante tribunales provinciales, nacionales e internacionales, lo que podría acarrear sanciones y responsabilidades económicas para el Estado santafesino. Exhortaron a las autoridades a frenar el tratamiento exprés, “rediseñar el proyecto” y convocar a un debate profundo que incluya a todos los actores del sistema judicial.