El Ministerio Público de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank. También solicitó la prisión preventiva y la inhibición de sus bienes. La misma figura alcanzó al ex presidente del Banco Central, Carlos Carvallo.
El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista. Además, solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
La misma figura alcanzó al expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En su caso, la fiscalía le atribuyó los presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Ambos se abstuvieron de declarar.
Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra. Allí brindó su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien afirmó públicamente que su cliente no es responsable directo de las colocaciones financieras.
En los alrededores del edificio fiscal se congregó un pequeño grupo de ciudadanos que aguardaba el arribo del ex jefe de Estado. Por razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia: la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea), fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado.
El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña como presidente este viernes en el marco del escándalo financiero del Ueno Bank. Horas después de la resolución legislativa, la Fiscalía General ordenó su detención. La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso, que removió del cargo al mandatario que había asumido en 2023.
El jueves, Peña presentó su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no la aceptó. Un día después, de forma unánime, la Legislatura aprobó su destitución.
La crisis que atraviesa Paraguay y que derivó en una virtual restricción al acceso a los depósitos bancarios a partir de la caída del Ueno Bank tiene distintos orígenes. La mayoría proviene de una serie de decisiones tomadas por Peña que posibilitaron el crecimiento de la entidad a partir del manejo de dinero público, desde jubilaciones hasta ganancias de las represas hidroeléctricas Yaciretá e Itaipú.
La situación se desencadenó a comienzos de esta semana, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia. La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad y dejó a sus clientes sin la posibilidad de retirar fondos, realizar transferencias o utilizar normalmente sus tarjetas. La crisis mantiene a casi tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias y desató una ola de protestas.
El conflicto adquirió dimensiones políticas por los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco. La investigación judicial, que ya derivó en la detención de ocho directivos, también puso bajo sospecha el manejo de depósitos públicos y fondos destinados a jubilaciones.