El camarista Javier Beltramone hizo lugar a la apelación de la empresa y dejó sin efecto la resolución de primera instancia que le exigía iniciar tareas de saneamiento en el predio donde se acumulan 800.000 toneladas de residuos tóxicos. El expediente pasa al fuero civil y administrativo.
El juez de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, Javier Beltramone, revocó íntegramente la resolución del juez de San Lorenzo Eugenio Romanini, dictada el 25 de septiembre pasado, que ordenaba a la empresa Ar Zinc (ex Sulfacid) iniciar tareas de saneamiento y contención ambiental en su planta de 50 hectáreas ubicada entre la Ruta Nacional 11 y el río Paraná, en Fray Luis Beltrán.
La medida de primera instancia había sido solicitada por el fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, mediante una cautelar innovativa ante el riesgo de desmoronamiento de la barranca y filtración de residuos tóxicos. Romanini ordenó a la empresa estabilizar la barranca, contener los depósitos de jarosita y elaborar un cronograma de obras de remediación en un plazo máximo de ocho meses, con reportes quincenales y cerramiento perimetral.
La empresa apeló con el patrocinio del abogado Jorge Resegue, argumentando que la Justicia Penal invadía competencias técnicas y modificaba plazos de contratos ya firmados. Beltramone hizo lugar a esos argumentos y sostuvo que la cautelar imponía “una estructura de prestaciones de significativa complejidad” que desborda la competencia del fuero penal. Según el camarista, “la medida terminó por trasladar a una incidencia penal la programación, dirección y supervisión de tareas que demandan aprobaciones administrativas, decisiones de ingeniería y verificación permanente”, sin “una justificación técnica suficiente”.
El fallo de segunda instancia también cuestiona que el fiscal no precise qué delito específico cometió la empresa ni quiénes son los directivos imputables, y afirma que “no cabe equiparar sin mayor examen el incumplimiento de deberes ambientales con la comisión de un ilícito penal”. Beltramone aclaró que su resolución “no minimiza el peligro ambiental ni dispensa a Ar Zinc del cumplimiento de sus deberes”, y remitió las decisiones sobre plazos y órdenes al juez civil que tramita un amparo ambiental por el mismo motivo desde 2020, así como a lo que aporten el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos.
En el predio, la empresa acumuló unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos, entre ellos jarosita, plomo, cadmio y arsénico, que se filtran a las napas y drenan hacia el río, según se consignó en el expediente. El pasivo ambiental fue generado durante la operación de la planta, que elaboraba lingotes de zinc electrolítico y ácido sulfúrico hasta hace diez años.
La empresa fue propiedad de la multinacional Glencore desde 2005 hasta el cierre en 2016, y en 2021 pasó a manos de Integra Capital, grupo liderado por José Luis Manzano. Desde el municipio de Fray Luis Beltrán y la querella sostienen que Integra Capital absorbió los terrenos y activos comprometiéndose al pasivo, mientras que Glencore mantiene una responsabilidad solidaria en los ámbitos civil y penal por el daño ambiental acumulado.