La medida permite realizar adecuaciones y modificaciones para atender desequilibrios financieros y cumplir con obligaciones asumidas antes de fin de año, incluyendo el pago de sueldos y servicios. La oposición votó en contra y el oficialismo defendió la iniciativa.
El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una autorización para que el municipio pueda realizar adecuaciones y modificaciones al Presupuesto 2026 (Ordenanza Nº 13.094) hasta la suma de $36.820.729.600, con el objetivo de atender “desequilibrios financieros”. De esta manera, la actual administración podrá reajustar sus ingresos para cumplir con las obligaciones asumidas antes de fin de año.
La adecuación de la “ordenanza madre” de la ciudad capital será por $36.820.729.600: se derivarán fondos del Tesoro Municipal. Es para compensar la pauta inflacionaria. Posturas cruzadas en el Legislativo local.
El fundamento oficial es que al momento de aprobar el presupuesto actual, en diciembre pasado, se proyectaba una inflación del 10,1%. En la actualidad, el IPC a octubre de 2026 registró una variación acumulada del 21,3%, “valores superiores a las previsiones consideradas cuando se elaboró el Presupuesto”, dice el mensaje original.
Esto generó un “desequilibrio” en las cuentas financieras, según argumenta el municipio, de los costos vinculados con la prestación de servicios para la ciudadanía de Santa Fe, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral con el personal municipal (pago de sueldos y SAC).
Además, la evolución de la inflación “repercute sobre la estructura de costos municipales y, especialmente, sobre aquellos conceptos sujetos a variaciones de precios y remuneraciones”, argumenta luego.
El desfase responde “a los distintos momentos de registración propios de la ejecución presupuestaria y no implica, por sí mismo, un deterioro de la situación financiera municipal”, aclara luego.
En el despacho sancionado se incorporó una previsión destinada a preservar, durante el ejercicio 2026, los créditos presupuestarios aprobados para la secretaría de Políticas Sociales y la secretaría de Educación, estableciéndose que éstos “no podrán ser objeto de reducciones”.
Las modificaciones introducidas procuran “compatibilizar la adecuación presupuestaria del Ejecutivo Municipal con límites y mecanismos que permitan vincular el financiamiento autorizado con las necesidades efectivamente verificadas durante la ejecución del ejercicio”, dice el mensaje.
Cabe aclarar que con esta adecuación del presupuesto no se toma deuda, sino que se deriva desde el Tesoro Municipal más recursos ($36.820.729.600) a la ordenanza financiera “madre” de la ciudad, justamente por el desfase generado por la inflación y para cubrir gastos en la prestación de servicios y en el pago de los haberes a empleados municipales.
En el recinto, un sector del arco opositor votó en contra del despacho sancionado. Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ana Cantiani argumentó que si bien hay inflación, “en nuestras casas, cuando la plata no alcanza, lo que hacemos no es pedir más plata, sino achicar los gastos y dejar para más adelante lo que no es prioritario”.
La concejala sugirió al municipio “revisar gastos innecesarios”, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia, como por ejemplo “que no se controle el fichaje obligatorio para funcionarios políticos”. También enumeró “erogaciones superfluas, como gastar $80 millones (en un cartel de bienvenida a la ciudad) mientras los barrios carecen de lo básico”.
Quien salió a responderle desde el interbloque oficialista “Unidos” fue la edila polettista María Beatriz Barletta. Explicó que fue necesaria la adecuación presupuestaria para que el vecino entienda que la inflación calculada inicialmente, en octubre se triplicó.
“Por eso, para atender los desequilibrios que genera este desfase en las previsiones financieras, se hace esta ampliación presupuestaria. Además, hay que decir que van ingresando más recursos al municipio; pero es necesario compensar la pauta inflacionaria”, insistió la concejala radical.
Con relación al “sinceramiento de las cuentas”, señaló que “el intendente (Juan Pablo) Poletti realizó esta solicitud de adecuación presupuestaria para reflejar la realidad de la situación económica ante los vecinos”.
Finalmente, recordó que en 2025 también se pidió una ampliación por el mismo motivo (una pauta inflacionaria nacional fijada muy por debajo de la realidad), y que esto “no implicó endeudar al Estado ni gastar de más, sino que es una herramienta para mostrar transparencia y claridad en las cuentas públicas”, cerró Barletta.