La alianza oficialista no logró destrabar el proyecto que amplía facultades policiales y fiscales; las diferencias entre radicales y socialistas obligaron a postergar el tratamiento en la sesión de Diputados de este jueves.
La alianza Unidos no alcanzó un acuerdo para tratar este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe el proyecto de reforma en seguridad que reclama el gobernador Maximiliano Pullaro. Las diferencias entre radicales y socialistas llevaron a postergar la iniciativa, que amplía las facultades de policías y fiscales.
Las negociaciones entre los socios de la alianza ocuparon la mañana y las primeras horas de la tarde, y demoraron una hora el inicio de la sesión. El acuerdo no se concretó.
Los reparos se centran en los allanamientos sin orden judicial, las declaraciones sin un defensor y los controles sobre las nuevas atribuciones policiales. La Corte Suprema, la Defensa Pública y los abogados plantearon objeciones. El Ministerio Público de la Acusación respaldó la necesidad de herramientas, aunque pidió ajustes.
Unidos optó por tratar los proyectos con dictamen, entre ellos la norma para combatir el robo de celulares. El debate expuso las diferencias internas.
El radical José Corral defendió los resultados del gobierno y pidió sostener el esfuerzo contra el delito predatorio. Recurrió a una comparación: como en un régimen, los primeros kilos se bajan rápido, pero después hay que seguir la dieta.
Celia Arena adelantó el rechazo del interbloque peronista y cuestionó la herencia que recibió Omar Perotti: “No asumimos en Disney, asumimos con un gobierno explotado”. La exministra de Gobierno reivindicó el aporte de la gestión anterior a la mejora de la seguridad. “No busquen respuesta acá, justifiquen lo que votan”, lanzó.
El momento más tenso llegó cuando tomó la palabra Lionella Cattalini. “Vamos a calmarnos”, pidió la referente socialista tras los chispazos entre el radicalismo y el PS. La legisladora recordó los obstáculos que enfrentó su partido cuando gobernaba, respaldó los resultados de Pullaro y reivindicó el papel de la Legislatura para mejorar las leyes. Reclamó acuerdos y ampliar la agenda al enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, el lavado de dinero y las armas.
Martín Rosúa recogió el guante. El radical destacó la baja del 70% de los homicidios y consideró irresponsable que la Legislatura no responda al Ejecutivo. Negó que las reformas transfieran poder a la policía y defendió el equilibrio entre herramientas, controles y garantías.
Desde la izquierda y la derecha llegaron alertas. Carlos del Frade advirtió sobre una nueva delegación de facultades policiales y un “estado de excepción”. Amalia Granata cuestionó el apuro y señaló que algunas disposiciones son inconstitucionales.
Al final, Unidos impuso su mayoría: el proyecto sobre celulares reunió 33 votos a favor, once negativos y dos abstenciones.
El trasfondo es la pulseada entre los aliados principales. El radicalismo tiene al gobernador y domina el Senado. El socialismo controla la mitad del bloque de Unidos en Diputados.
El miércoles pasado, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastia tuvieron que reunirse con legisladores para destrabar el paquete, ingresado en mayo. El propio Pullaro reclamó las herramientas. Nada alcanzó.
“Todo mal con el socialismo. A cada rato suman una nueva diferencia”, deslizó a La Capital un referente radical.
La dinámica cambió. Otras veces, el Ejecutivo hizo concesiones para acercar posiciones. Esta vez no parece dispuesto a introducir grandes modificaciones en el texto.
Como graficó un referente de Unidos: los socios avanzan como dos autos de frente y cada uno espera que el otro mueva el volante.
Entre críticas opositoras por la interna, Unidos votó la preferencia para la próxima sesión. Tiene una semana más para acordar una ley clave para el gobierno.