El Ministerio de Seguridad de la provincia notificó a 53 personas por los gastos de operativos ante amenazas a instituciones educativas. Seis de ellas abonaron el monto correspondiente.
Tras el ataque en la escuela de San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro el 30 de marzo, durante abril se sucedieron amenazas de atentados en instituciones educativas de toda la provincia. A fines de abril, el Ministerio de Seguridad informó que identificaría a los responsables para que los adultos pagaran los gastos de los operativos de seguridad. Fueron notificadas 53 personas por distintos montos, aunque solo seis pagaron.
Las notificaciones se realizaron entre la última semana de abril y todo mayo. El total de gastos estimado por Seguridad fue de $139.429.864. Diez notificaciones corresponden a la Unidad Regional XVII (San Lorenzo), siete a la URII (Rosario), seis a la URI (La Capital) y seis a la URXI (Las Colonias). El resto se distribuyó en los departamentos Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
Se abonaron seis sanciones por un total de $9.824.430, equivalente al 7,2 % de lo calculado. En la Regional II de Rosario se efectuó un pago el 26 de mayo por $2.838.352, sobre un total de gastos de $17.137.679. En San Lorenzo hubo dos pagos el 12 de mayo por $805.443 cada uno y otro el 5 de mayo por el mismo monto. En Santa Fe se recibió un pago de $1.009.442 el 7 de mayo y en Iriondo uno de $3.560.307.
Desde el gobierno indicaron que, en los casos sin pago, se inicia un proceso judicial a cargo del fiscal de Estado, Domingo Rondina.
El protocolo de cobro se implementó con dos objetivos: desalentar las amenazas y recuperar lo invertido en los operativos. Según el gobierno, el primer objetivo se cumplió, el segundo no. El procedimiento requería una causa penal iniciada, intervención del Ministerio Público de la Acusación y notificación formal al Ministerio de Justicia y Seguridad. El monto variaba según la ubicación, magnitud del operativo y participación de bomberos y agentes locales. Se notificaba presencialmente a los adultos responsables y se indicaban las cuentas bancarias oficiales.
Impugnaciones al mecanismo: abogados de las familias sostuvieron que los hechos no constituían delitos de amenazas, ya que la figura requiere condiciones específicas como daño concreto y coerción real. También señalaron que el Estado no podía cobrar la multa sin una investigación judicial previa y orden de un juez.