El proyecto, consensuado entre gobernadores del norte, la Casa Rosada y el Consejo Federal de Inversiones, autoriza el cabotaje fluvial y marítimo a buques de bandera extranjera. La iniciativa cuenta con resistencia de la provincia de Buenos Aires y de Jorge Capitanich, y es impulsada por Patricia Bullrich con la firma de 13 senadores.
Un proyecto de ley de cabotaje fue acordado entre gobernadores del norte, la Casa Rosada y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La iniciativa habilita el cabotaje fluvial y marítimo a navieras extranjeras y se integra con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del Belgrano Cargas. El texto cuenta con la firma de 13 senadores, entre ellos la santafesina Carolina Losada, y es impulsado por Patricia Bullrich.
El proyecto autoriza la libre navegación y comercio de cabotaje interno a buques de bandera argentina o extranjera, con la obligación previa de informar su ingreso y período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). La norma reserva exclusivamente para la bandera nacional actividades estratégicas como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y el practicaje.
Las condiciones laborales de las tripulaciones de buques extranjeros se regirán por la legislación de su país de abanderamiento, con un piso regulatorio garantizado por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) y los convenios de la OMI (SOLAS, MARPOL y STCW), bajo fiscalización de la Prefectura Naval Argentina. Además, se prohíbe operar en cabotaje a buques fletados o vinculados a empresas que realicen actividades no autorizadas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó en una reciente reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados: «Al norte de nuestro país lo hemos tenido como secuestrado por no dejarle transportar las cosas por el río». Y agregó: «Podrían mover su producción por la hidrovía a un tercio del costo; han llegado a un acuerdo los gobernadores del norte en un trabajo que se hizo con el CFI; es una revolución logística para el norte de nuestro país».
El proyecto establece una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para empresas que realicen habitualmente actividades de cabotaje. Los armadores nacionales podrán optar por un esquema de amortización acelerada en un mínimo de dos cuotas anuales para inversiones en bienes muebles amortizables afectados al servicio. También se crea un procedimiento sumarísimo de 15 días hábiles para la cancelación de la matrícula nacional ante el Registro Nacional de Buques.
La iniciativa modifica el Código Aduanero para permitir la permanencia indefinida de contenedores en el país bajo el régimen de admisión temporaria, supeditada al envío anual de un listado identificatorio. Asimismo, el libramiento de las exportaciones se perfeccionará directamente en el puerto de origen al momento del embarque, se otorga validez legal completa al conocimiento de embarque digital y se fija un régimen simplificado de removido acompañado por la factura del cargador.
Los fundamentos del proyecto señalan que la escasa participación del transporte fluvial y la dependencia del camión generan altos costos que perjudican a las provincias alejadas, como las del NOA, NEA y Patagonia. La desregulación pretende reactivar puertos subutilizados y otorgar alternativas competitivas a sectores clave como la agroindustria, la minería, la industria forestal y los hidrocarburos.
El senador Diego Santilli aseguró durante la reciente Cumbre Federal de Logística en el CFI: «El proyecto de cabotaje estuvo empantanado muchos años. Es un proyecto que trabajó el CFI con los equipos técnicos, que también tenía un proyecto Federico [Sturzenegger], y terminamos consensuando el del CFI muy bien. No es que nosotros somos obstinados en que es esto o nada».
Jorge Capitanich exige la contratación prioritaria de tripulación y marinos de nacionalidad argentina, cumpliendo los convenios colectivos locales, y defiende la reserva de cabotaje para buques de bandera nacional o armadores locales, limitando el libre ingreso de embarcaciones extranjeras.
En tanto, la provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI y representantes bonaerenses defienden la norma de 1944 que reserva el cabotaje a navieras de bandera nacional.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro denominó «hub logístico» al proyecto en Rosario, donde los puertos agroindustriales sumarán la actividad de las mineras con trenes que ingresarán a las estaciones desde Timbúes hacia el sur, y se añade la terminal de contenedores en el Puerto de Rosario. La licitación del Ferrocarril Belgrano plantea transportar carga minera y de granos desde el norte, así como insumos producidos en la zona para las explotaciones cordilleranas de cobre, oro, plata y litio.
El proyecto de ley de cabotaje se enmarca en un conjunto de medidas que incluyen el RIGI y la privatización del Belgrano Cargas, y cuenta con el respaldo de gobernadores del norte y el impulso de Patricia Bullrich.