El Decreto 1296/2026 ratificó la continuidad del refuerzo extraordinario sin actualización por inflación desde marzo de 2024. Según datos oficiales, la pérdida de poder adquisitivo acumulada es del 70% y la brecha mensual respecto del valor original asciende a $161.253 para quienes cobran el haber mínimo.
El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se mantiene fijo, sin actualización por inflación desde su implementación en marzo de 2024, y acumula 32 meses consecutivos de congelamiento.
Los números oficiales relevados a finales de octubre de 2026 indican que el extra perdió el 70% de su capacidad de compra original. En el período comprendido entre marzo de 2024 y el último registro estadístico del Indec, los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%.
Brecha respecto del valor original
Para recuperar el mismo valor adquisitivo que tenía al momento de su puesta en marcha, los $70.000 nominales deberían alcanzar hoy los $231.253. Esta diferencia implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo deja de recibir $161.253 por mes debido a la falta de actualización del refuerzo.
Peso relativo dentro del ingreso
En marzo de 2024, el bono equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que elevó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a representar el 13,6% del total percibido, lo que fija un ingreso bruto final de $514.158,45.
El haber base se actualiza de manera mensual atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago. La decisión de mantener el bono en $70.000 establece un desfasaje entre la actualización de los haberes y la del refuerzo.
Relación con la canasta básica
Como consecuencia de este esquema, los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el Indec. Reclamos en el ámbito judicial e informes del sector señalan que el congelamiento del bono incide en el deterioro de los ingresos de jubilados y pensionados.