Según datos del INDEC, más de cuatro de cada diez personas ocupadas en el país desarrollan su actividad sin empleo registrado, una situación que afecta especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores de menores ingresos.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 44,2% de la población ocupada en Argentina trabaja en la informalidad. Esto implica que más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan su actividad sin un empleo registrado.
La informalidad laboral no es un fenómeno reciente. Desde hace décadas, investigadores y especialistas señalan que constituye uno de los rasgos más persistentes del mercado de trabajo argentino. Se expresa de múltiples maneras: trabajadores asalariados no registrados, cuentapropistas de bajos ingresos, trabajadores familiares sin remuneración y personas que alternan períodos de empleo formal e informal a lo largo de su vida laboral.
Trabajar en la informalidad implica un menor acceso a mecanismos de protección social. Significa no contar con aportes jubilatorios regulares, obra social, cobertura frente a accidentes laborales o licencias contempladas por la legislación vigente. También supone atravesar la vida laboral con mayores niveles de incertidumbre frente a una enfermedad, la pérdida del empleo o la llegada a la edad jubilatoria.
La informalidad afecta de manera desigual a distintos grupos. Su incidencia es mayor entre jóvenes, mujeres y trabajadores de menores ingresos, lo que contribuye a profundizar desigualdades preexistentes y limita las posibilidades de movilidad social.