Por primera vez desde 1983, quienes participaron en el Operativo Independencia formarán parte del desfile oficial por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán. La inclusión fue gestionada por la agrupación Pañuelos Negros y organizaciones afines.
El 9 de febrero de 1975, 1.500 soldados al mando del general Acdel Vilas desembarcaron en Tucumán con una orden firmada cuatro días antes por María Estela Martínez de Perón: «aniquilar el accionar de los elementos subversivos». 51 años después, los sobrevivientes y herederos de aquella tropa volverán a marchar por San Miguel de Tucumán, pero esta vez en el Parque 9 de Julio, con banda militar, palco de autoridades y aplausos. Por primera vez desde 1983, quienes reivindican haber «combatido a la subversión» antes y durante la dictadura tendrán su lugar en el desfile oficial de una fiesta patria.
El dato no figura todavía en ninguna gacetilla oficial sino que lo confirmaron fuentes de la propia «familia militar», según informó el sitio Data Clave. El desfile de los «veteranos» se produce en el marco de los preparativos de la celebración de los 210 años de la independencia. La inclusión fue gestionada por la agrupación «Pañuelos Negros» que lidera Asunción Benedit de Lacal Montenegro y por organizaciones nucleadas bajo el paraguas de Unión de Promociones.
El 9 de julio de 2024 fue el pico de la luna de miel castrense: tras la firma nocturna del Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán, Milei encabezó en Buenos Aires el desfile más grande en años. Por la avenida Del Libertador marcharon casi siete mil efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las fuerzas federales, con tanques, aviones y regimientos históricos.
Una de las aeronaves que sobrevoló ese día era un McDonnell Douglas A-4AR Fightinghawk. El 15 de julio de 2024, en la base de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, el capitán Mauro Testa La Rosa murió tras eyectarse de un A-4AR. Una primera investigación sugirió un «error humano» del piloto, hipótesis que una auditoría posterior descartó. El avión no tenía mantenimiento, estaba ensamblado con tuercas sin calibrar y no había repuestos. «Presidente Milei, quizás no lo sepa o se lo ocultaron: ya ha pasado un año desde que, el 15/07/24, pierde su vida el capitán Mauro Testa La Rosa en un avión A4 AR. La familia del piloto solo quiere la verdad», escribió la familia en una carta enviada en 2025 al presidente. Ni los brigadieres, ni el ministro Luis Petri, ni Milei dieron jamás explicación alguna.
Petri destinó 36 millones de dólares al mantenimiento de esos aviones. Recién el 14 de mayo de 2026, un comunicado del brigadier general Gustavo Valverde confirmó la baja definitiva de los A-4AR. A la baja se sumaron los cinco Super Étendard comprados a Francia en 2018, que jamás volaron por falta de repuestos. La Fuerza Aérea pagó 4.085.000 dólares por un Embraer usado con corrosión y pérdidas de aceite, en una licitación exprés que favoreció a Regional One Inc. y está bajo denuncia judicial.
Un año después no hubo tanques ni tribunas. En 2025 el gobierno nacional no organizó el desfile: lo atribuyó a una «cuestión de tiempos». La posta la tomó Tucumán, que celebró con un desfile cívico-militar propio en el Parque 9 de Julio del que participaron más de 6.000 personas y 80 veteranos de Malvinas. Para 2026, la Casa Rosada no prevé el desfile nacional. La Decisión Administrativa 20/2026 recortó cerca de 59.600 millones de pesos a las Fuerzas Armadas.
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que cursó invitaciones formales tanto al presidente como a la vicepresidenta para la vigilia en la Casa Histórica y los actos oficiales. «Tucumán no discrimina a nadie. Tucumán abre los brazos a todos los argentinos y argentinas que quieran visitarnos», dijo el mandatario provincial.
El 5 de febrero de 1975, el gobierno constitucional de Isabel Perón firmó el decreto secreto 261/75, que ordenaba al Ejército «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos» en Tucumán. El blanco declarado era la Compañía de Monte «Ramón Rosa Jiménez» del ERP. El despliegue llegó a movilizar a unos 5.000 efectivos. El comando táctico montó en una escuela en construcción el primer centro clandestino de detención del país: la «Escuelita de Famaillá», por la que pasaron más de 1.500 personas secuestradas. Allí se aplicó secuestro, tortura sistemática, ejecuciones sumarias y desaparición de cuerpos. En octubre de 1975 los decretos 2770, 2771 y 2772 extendieron el «aniquilamiento» a todo el territorio nacional.
La inclusión de los «combatientes» en el desfile fue impulsada por una red de organizaciones. En el centro está Asunción Benedit, viuda del capitán Francisco Lacal Montenegro, referente de Unión de Promociones en Bariloche, hermana del diputado libertario Beltrán Benedit y fundadora de Pañuelos Negros. Asunción organizó protestas frente al SENASA, participó en homenajes a Julio Argentino Roca y en manifestaciones contra la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Su hermano Beltrán Benedit organizó la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza en julio de 2024, donde compartieron una tertulia con condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz.
En febrero de 2025, la Unión de Promociones hizo su primera aparición pública masiva con dos días de actos y desfiles propios en la capital tucumana, reivindicando el accionar de Vilas y Bussi. Entre agosto y septiembre de ese año consiguieron dos actos de reivindicación en la Legislatura porteña. El 29 de noviembre pasado se realizó la marcha a Plaza de Mayo, con pañuelos negros, para reclamar la libertad de los condenados por delitos de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos de Alberto Baños desguazó archivos y se presentó ante la ONU para negar los treinta mil desaparecidos. En diciembre de 2025 asumió en Defensa Carlos Presti, el primer militar en ocupar la cartera desde la recuperación democrática, hijo del coronel Roque Presti. Su jefe de Gabinete, Guillermo Madero, visita a los detenidos de Campo de Mayo a los que considera «perseguidos políticos».
Según la encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba difundida en marzo de 2026, el 57,1% de los argentinos identifica el período 1976-1983 como una dictadura cívico-militar que ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas, y el 68,6% coincide en que fueron años de graves violaciones a los derechos humanos. Un 25,2% sostiene que aquello no fue una dictadura sino un «proceso de reorganización nacional» que enfrentó al terrorismo.
En 1995, la provincia de Tucumán eligió gobernador a Antonio Domingo Bussi, quien había comandado la represión del Operativo Independencia y la gobernación de facto. En el Bicentenario de 2016, «veteranos» del Operativo Independencia se colaron en el desfile tucumano y el escándalo obligó a las secretarías de Derechos Humanos de Tucumán y La Rioja a repudiar públicamente su inclusión.