El Espacio por la Memoria del Cordón Industrial emitió un comunicado tras la muerte de Pedro Alberto Rodríguez, exfuncionario de la dictadura, y reclamó celeridad en las causas de lesa humanidad.
El Espacio por la Memoria del Cordón Industrial emitió un comunicado ante el fallecimiento de Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, ocurrido este miércoles 10 de junio. Rodríguez estaba condenado y procesado en causas de delitos de lesa humanidad. La organización señaló que el exfuncionario de la última dictadura militar murió sin ser juzgado por la totalidad de sus crímenes, en particular en la denominada “causa de los trabajadores”, y afirmó que “la muerte sin juzgar por el resto de sus crímenes perpetúa la impunidad biológica”, a 50 años del golpe de Estado.
Rodríguez recibió en 2013 una condena de 8 años y medio de prisión por el secuestro y tortura de Manuel Casado, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo. Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976 y torturado en la Municipalidad de San Lorenzo, el Batallón 121 de Arsenales y la Jefatura de Policía local. El juicio correspondiente, conocido como causa “Cementerio de San Lorenzo”, contó con el testimonio de un testigo que ubicó a Rodríguez entre el personal presente en la Jefatura de Policía mientras Casado estaba detenido. Según el Espacio por la Memoria, el proceso judicial que debía juzgar a los responsables de desapariciones y asesinatos en la zona “se encuentra paralizado desde hace años”.
El comunicado repasa la trayectoria de Rodríguez: durante los años setenta fue militante de la Juventud Peronista y asesor técnico del intendente Luis Reynaldo Vivas. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, Vivas fue derrocado por los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Maderna, y Rodríguez se incorporó al equipo de facto. Desde ese cargo, según el organismo, “aportó información clave para señalar a los militantes y trabajadores de nuestra región”, y fue ascendido a director de asuntos jurídicos. Con el retorno de la democracia, Rodríguez se desempeñó como secretario de la Municipalidad de San Lorenzo durante la gestión de Armando Traferri (menemismo) y fue diputado provincial por el Partido Justicialista.
En 2010, el Concejo de San Lorenzo no aprobó su diploma para ingresar al cuerpo legislativo por encontrarse procesado en causas de lesa humanidad, logro que el comunicado atribuye a “la lucha de familiares de compañeros desaparecidos y organismos de derechos humanos”. En ese entonces, Rodríguez era abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) bajo la gestión de Pablo Reguera, quien, según el texto, fue “uno de sus más fervientes defensores, incluso luego de haber sido condenado, solicitando salidas laborales para que el represor trabajara en el área legal”.
El Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial cerró el comunicado con exigencias: “Exigimos la aceleración de los juicios de lesa humanidad. Que digan dónde están los desaparecidos y desaparecidas. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. 30.000 Compañerxs Detenidxs-Desaparecidxs, ¡Presentes!”.