El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó este miércoles el análisis del proyecto de Súper RIGI, con exposiciones de referentes de hidrocarburos, minería y energía. Durante la jornada se registraron cuestionamientos de la oposición sobre la agenda de invitados, el impacto en el empleo local y el costo fiscal de la iniciativa.
La segunda reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se desarrolló este miércoles en el edificio Anexo “C” de la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, señaló al inicio que el objetivo era escuchar a representantes de sectores con experiencia en el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024.
El jefe del bloque de Unión por la Patria y diputado por Santa Fe, Germán Martínez, solicitó conocer el cronograma de reuniones y la posibilidad de sugerir oradores. Martínez también advirtió sobre una “avanzada” contra la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), organismo que consideró clave para evaluar el gasto tributario y el costo fiscal del proyecto. Benegas Lynch respondió que el tema de la OPC “no tiene nada que ver con el tratamiento” del proyecto y defendió las auditorías como “un proceso sano”.
El primer expositor fue Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, quien valoró los beneficios del RIGI como sustento del nuevo régimen y ubicó a Vaca Muerta como caso testigo. Afirmó que la industria pasó de un déficit de alrededor de 6.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de 7.600 millones en 2024, y proyectó un superávit comercial energético de unos 10.000 millones de dólares para el cierre de 2025.
Luego expuso Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Posteriormente, Esteban Gramblica, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, sostuvo que “los recursos nos aportan positivamente como país en la medida en que se transforman en producción, empleo e infraestructura”. Gramblica proyectó exportaciones energéticas de unos 30.000 millones de dólares para 2030, un saldo comercial de entre 15.000 y 30.000 millones, e inversiones anuales de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares hacia 2027.
Durante el segmento de preguntas, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó la forma en que el régimen se “encadena” con el empleo, la ciencia y la tecnología, y preguntó si la redacción del Súper RIGI habilita una discrecionalidad extrema del Ejecutivo. La diputada Julia Strada (UxP) criticó la agenda de invitados y preguntó sobre la contratación de trabajo argentino y empresas locales. La diputada Adriana Serquis (UxP) señaló que el proyecto menciona inteligencia artificial y biotecnología, pero no incluye obligaciones de transferencia tecnológica. La diputada Graciela De la Rosa (UxP) reclamó la estimación del costo fiscal y de gastos tributarios del nuevo régimen.
En defensa del proyecto, la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza) afirmó que el Súper RIGI busca poner a la Argentina “en el radar de las grandes inversiones del mundo” y, ante los pedidos de costo fiscal, sostuvo: “Si eso no existe hoy en la Argentina, es cero el costo fiscal porque no existe”.
Benegas Lynch justificó la agenda del día al señalar que se tomó el antecedente del RIGI como “positivo para esta consideración del Súper RIGI”. La diputada Daiana Fernández Molero (PRO) aseguró que la OPC no estaba intervenida “de facto” porque “los informes siguen saliendo”. El diputado Carlos Castagneto (UxP) replicó que el bloque pidió la presencia del director general de la oficina para explicar el plan anual y la memoria institucional antes de avanzar con resoluciones.