El diputado nacional Guillermo Michel solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación para revisar las condiciones de la venta del 90% de AySA. Sostuvo que el monto equivale a tres meses de facturación de la empresa.
El diputado nacional Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un pedido para que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue las condiciones de la privatización de AySA. En declaraciones a Radio 10, el legislador entrerriano afirmó que el valor de la operación equivale a tres meses de facturación de la compañía.
“AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. Y venden el 90% por 340 millones de dólares”, declaró Michel. A partir de esas cifras, consideró que “la empresa está totalmente mal vendida o regalada”.
El diputado señaló que la compañía cuenta con cuatro millones de conexiones y calculó que el precio representa aproximadamente US$100 por cada una. También vinculó el monto de la venta con la duración de la concesión, que, según expresó, se extenderá durante 360 meses. “Le transferiste las acciones de AySA a un grupo inversor, le das la concesión por 360 meses y le vendés esa empresa por tres meses de facturación. No resiste ningún análisis técnico”, sostuvo.
Michel indicó que en el consorcio comprador participan empresas que actualmente son proveedoras de AySA. Según su planteo, esa situación podría generar conflictos de intereses al momento de definir contrataciones y los precios de los insumos o servicios que necesita la prestataria. “Ellos van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas”, expresó. En ese contexto, pidió que la auditoría examine esas relaciones comerciales y las condiciones bajo las cuales se realizarían las compras.
El legislador mencionó que ya existen dos actuaciones vinculadas con la privatización: una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. “La auditoría tiene que meterse de lleno en esto, como ya se metió en lo de la Hidrovía”, insistió.
Respecto de las consecuencias para los usuarios, Michel manifestó preocupación por eventuales aumentos de tarifas y cortes del servicio en el conurbano bonaerense. “El agua es un derecho, es un bien esencial”, afirmó, y señaló que la medida alcanza a más de 16 millones de usuarios bonaerenses. Como alternativa, propuso un esquema de participación mixta similar al de YPF: que el Estado conserve el 51% para decidir sobre tarifas y obras, y que el 49% restante se abra al mercado. Además, planteó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires evalúe sumarse a los reclamos contra la privatización.