Unidos trabaja en acordar el dictamen para discutirlo con los restantes bloques y llevarlo al recinto esta semana. El Senado volverá a sesionar el jueves 27.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe busca alcanzar un consenso para votar la nueva ley electoral. El bloque oficialista Unidos trabaja en la redacción de un dictamen sobre la base del proyecto presentado por el Partido Socialista, con el objetivo de llevarlo al recinto el próximo jueves, donde tiene acordado un tratamiento preferencial.
La negociación interna de Unidos es un paso previo, pero una vez acordado el texto, deberá ser compartido con los demás bloques para obtener un número sólido de votos y asegurar su ratificación en el Senado. Según la nueva Constitución provincial, son tres los pasos para la sanción de una ley, y cualquier revisión de una cámara requiere conocer el número de votos que lo respaldaron.
Los dos principales bloques de Unidos (PS y UCR) ingresaron proyectos similares en cada cámara. En el oficialismo también se sumaron iniciativas puntuales sobre los temas de reforma por parte de Uno (Walter Ghione) y del Pro, con la firma de las tres diputadas del bloque. En el justicialismo hay proyectos de senadores (el primero en tener estado parlamentario) y de la mayoría de los diputados, aunque con diferencias en sus textos. El Frente Amplio por la Soberanía también presentó un proyecto en Diputados.
Unidos trabaja sobre la estructura del proyecto socialista. «Nos pareció mejor estructurado que el nuestro», dijo un legislador radical que pidió no ser identificado.
El proyecto del socialismo se titula «Código Electoral y de Partidos Políticos de la provincia de Santa Fe», lleva la firma de los 14 diputados del PS y fue ingresado en el Senado por el capitalino Julio Francisco Garibaldi. Consta de 260 artículos. El radicalismo tituló su proyecto «Ley de Organización de los Partidos Políticos y Régimen Electoral», con una cifra similar de artículos.
El proyecto base del socialismo está dividido en cinco libros. El primer libro aborda el objeto, los principios rectores, la autoridad electoral y los partidos políticos. El segundo, el más extenso, legisla sobre el régimen electoral. El tercero trata sobre partidos políticos; el cuarto sobre faltas electorales y régimen sancionatorio; y el último contiene disposiciones finales, incluyendo la derogación de numerosas normas actuales. De prosperar el proyecto, quedarían abrogadas 14 leyes vigentes y se derogarían varios artículos de la Ley Nº 14.002 de Paridad de Género.
El primer libro consta de dos títulos con varios capítulos cada uno, que abarcan los primeros 25 artículos del proyecto. Se expresan los principios, derechos y garantías, y por otro lado, las autoridades y el órgano electoral. Una de las innovaciones es la presencia de un juez electoral provincial en lugar de un Tribunal Electoral, como existe hoy. La propuesta de Unidos es que el juez electoral sea uno de los integrantes del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, y de ese colectivo surgirá el órgano revisor. Los senadores justicialistas proponen que se designe un juez del fuero electoral con actuación permanente.
En cuanto a la secretaría electoral, existen coincidencias en que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo tenga acuerdo legislativo.
El libro II sobre Régimen Electoral es el más extenso, con 145 artículos, muchos tomados de normas vigentes, aunque se busca evitar dejar en manos de interpretaciones los alcances de la norma. Se reglan las campañas electorales, el sistema electoral, los escrutinios, las PASO, la elección general, el financiamiento, los debates obligatorios, entre otros. En este libro se confirman dos institutos santafesinos que precedieron a los nacionales: las PASO y la Boleta Única. Las diferencias en el seno del oficialismo están dadas por la cantidad de cuerpos de la Boleta Única en la elección general y los pisos de votos para el reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.
El libro referido a los partidos políticos abarca los siguientes 52 artículos, tomados mayormente de las normas actuales. Luego, el libro sobre Faltas Electorales y Régimen Sancionatorio para ciudadanos, autoridades de mesa, agrupaciones políticas, candidatos, etc., incluye un capítulo sobre sanciones por incumplimiento de funcionarios públicos y medios de comunicación.
La reciente reforma de la Constitución provincial incorporó de manera expresa el régimen electoral y de partidos políticos entre las materias que exigen desarrollo legislativo específico. El artículo 56 dispone que una ley aprobada por mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara debe determinar la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones. El artículo 57 establece que una ley con igual exigencia de mayoría agravada regula el régimen de los partidos políticos.
La presidenta del bloque radical de diputados, Silvana Di Stefano, afirmó: «La organización del sistema electoral constituye una de las manifestaciones más relevantes de la autonomía institucional que la Constitución Nacional reconoce a las provincias argentinas». Agregó que «el proyecto propone una reforma integral del régimen electoral y de partidos políticos de la Provincia de Santa Fe», y que la propuesta del oficialismo es ir a «un cuerpo normativo único, sistemático y actualizado que regule de manera coherente todos los aspectos vinculados con la vida institucional de los partidos políticos, los procesos electorales, la selección democrática de candidaturas, el régimen de financiamiento político, las garantías electorales, la organización de los comicios y el sistema de emisión del sufragio».
Joaquín Blanco, jefe de la bancada socialista, sostuvo: «El Código que proponemos parte de la premisa fundamental de que el centro del sistema electoral son las personas titulares de los derechos políticos. Toda su estructura normativa se encuentra orientada a garantizar el ejercicio efectivo del sufragio, el derecho a ser elegido, la libertad de asociación política, la igualdad en la competencia electoral, el acceso a la información pública electoral, la tutela judicial efectiva y el pleno respeto por los principios convencionales que rigen la materia». Además, marcó que el proyecto incorpora un catálogo de principios rectores que orientan la interpretación y aplicación de todo el Código, recogiendo la doctrina de la Cámara Nacional Electoral.