La senadora Carolina Losada presentó un proyecto de ley para aumentar las penas por falso testimonio en casos de violencia de género y abuso sexual infantil. La iniciativa generó debate sobre las denominadas «falsas denuncias», mientras organizaciones y madres protectoras advierten sobre el impacto en las víctimas.
La presentación de un proyecto de ley por parte de la senadora Carolina Losada, que propone aumentar las penas para el delito de falso testimonio en casos de violencia de género o de abuso sexual infantil, puso el foco sobre las llamadas «falsas denuncias». Según un relevamiento de 2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en Argentina solo 1 de cada 4 mujeres (77,3%) que sufrían violencia realizaban la denuncia. En cuanto a los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, Unicef reveló en 2023 que entre el 90% y el 95% no se denuncian.
Yama Corín, arteterapeuta, militante feminista, integrante del colectivo Mundanas y madre protectora, afirmó que la iniciativa “tiene un objetivo más político que jurídico” y busca “instalar en la sociedad un debate misógino, que es la desconfianza hacia las mujeres que denunciamos violencia de género y abuso sexual en las infancias de nuestros hijos o hijas”. Agregó que va en línea con la persecución hacia las docentes que aplican la educación sexual integral (ESI). “La ESI es la que garantiza la voz de las niñeces que podrían estar sufriendo violencia y eso se intenta silenciar con esta persecución”, sostuvo.
Corín señaló que “se instala la idea de que cualquiera denuncia cualquier cosa o de que el Poder Judicial siempre nos da la razón a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y lo que ocurre es lo opuesto. El Poder Judicial nunca nos dio la razón a las mujeres, ni por ser mujeres, ni por ser madres: todo lo contrario. Siempre tuvo una mirada patriarcal, revictimizante, y con un análisis de la prueba que es igual al de cualquier otro delito”.
Las madres protectoras son aquellas que denuncian abuso sexual contra sus hijas o hijos por parte del progenitor. Al iniciar ese proceso, ocurren contradenuncias por falso testimonio y por impedimento de contacto. Corín compartió su experiencia como denunciante de abuso sexual infantil y el acompañamiento que brinda a otras mujeres. “Las madres protectoras necesitamos que nos crean, que nos sostengan, que nos cuiden, pero porque nosotras estamos cuidando a nuestros hijos e hijas que fueron víctimas de una violencia brutal, que también necesitan acompañamiento, que necesitan protección, que necesitan terapia, que necesitan justicia”, subrayó.
Consultada sobre el proceso de denuncia, explicó: “Cuando nosotras denunciamos nos encontramos con la necesidad de desarrollar lo que estamos denunciando. Ese desarrollo implica muchísimo dolor con una escucha que nunca es cuidada. Esa denuncia después se tiene que ratificar, hay que volver a ir. Luego empiezan una investigación. Esa investigación implica que las pericias son sobre las personas que denunciamos o las víctimas, previo a que se pericie a los denunciados. Para sostener ese proceso judicial hay que pagar patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Implica no solo el costo emocional, sino un costo económico. Son muchos años para lograr que esa causa permanezca en investigación. Lo que conocemos de estadísticas es que, de 1000 casos se denuncian 100 y de 100, se condena a un solo abusador. Las causas circulan alrededor de diez años en promedio”.
En cuanto a las pericias, detalló: “La Cámara Gesell es un dispositivo en el que niños, niñas o adolescentes menores de 18 años declaran entrevistados por un profesional de la psicología. Esa entrevista está videograbada y se reproduce en el juicio oral para evitar la revictimización. Pero a veces tiene una o dos entrevistas. Si ese niño o esa niña justo en esa entrevista no pudo desarrollar lo que es un hecho traumático, pierde su única chance de ser oído. A veces se intenta que haya un informe previo, pero la mayoría de las veces no se respeta. Es una Justicia que no se ajusta a los tiempos de las víctimas”.
Corín afirmó que al denunciar abuso sexual en las infancias “se rompe todo”. Comparó la situación con “una piedra que cae en el agua y hace un sinfín de oleajes”. Señaló que “frente a esa revelación tan brutal, en general lo que ocurre es que toda la familia y el entorno laboral, profesional o social ocurre una ruptura. Una ruptura que permite que haya personas que acompañen a esas víctimas y otras que defiendan al abusador bajo distintos argumentos”. Explicó que “a veces es imposible creer que una persona que vemos como amable, solidario o buen padre sea capaz de cometer una violación a un niño. Comprendo esa negación, no la justifico, porque implica dejar al descuido a las personas que lo necesitan”.
Sobre el desmantelamiento de políticas públicas, indicó: “El desmantelamiento es del Estado en su conjunto. Lo que vino a hacer este gobierno, que es un gobierno fascista, es la deshumanización de quienes creen que son su oposición. El aniquilamiento es el hambre, el abandono, como lo hacen con las personas con discapacidad, con los jubilados, con los estudiantes. Desmantelaron el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Programa Patrocinar, que daba patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de abuso sexual infantil. No solo nos dejan sin acceso a denunciar o al acompañamiento del Estado, sino que operan en una batalla ideológica para sostener la decisión política de dejarnos sin Estado”.
Finalmente, Corín destacó la necesidad de “una sociedad que pueda mirar al otro con empatía” y de “volver a lugares de encuentro donde sepamos con quién estamos hablando, donde podamos tener emoción frente a lo que a la otra persona le pase y compromiso con lo que decimos”. Concluyó: “Necesitamos es parar un poquito la pelota y volver a construir con otros. Eso nos va a permitir el acompañamiento como madres protectoras, a nuestros hijos e hijas y a todos los sectores que están siendo vulnerados”.