El Centro de Estudios Legales y Sociales y la familia del fotógrafo Pablo Grillo difundieron documentos sobre el estado de la investigación judicial a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la familia del fotógrafo Pablo Grillo, herido por un miembro de la Gendarmería Nacional durante una manifestación frente al Congreso el 12 de marzo de 2025, publicaron este viernes documentos que informan sobre el estado actual de la causa judicial.
En un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios, la familia Grillo afirmó que la Gendarmería Nacional omitió la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales. Calificaron ese hecho como un «error» y sostuvieron que se están ocultando comunicaciones y registros. La familia declaró: «¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?». Indicaron que el fotógrafo está mejorando y que confían en que el Gobierno opte por la transparencia total.
El documento del CELS ofrece una cronología del caso. Señala que el 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, cubría una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil le provocó fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Las pericias médicas determinaron que las lesiones pusieron «real y concretamente» en peligro su vida. Grillo permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado.
La investigación judicial identificó al responsable material del disparo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
El CELS subrayó que los hechos ocurrieron en el marco de la quinta movilización de jubilados en 2025. Ese día, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos. La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, según el CELS, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes. El accionar se justificó bajo el «Protocolo anti-piquetes» (resolución 943/23).
La familia de Grillo se presentó como querellante con el patrocinio de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS. La investigación, a cargo de la jueza María Servini, estableció que Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes. Las pericias balísticas y audiovisuales determinaron que el disparo que impactó a Grillo viajó a 280 km/h en trayectoria recta. La investigación administrativa interna de Gendarmería cerró el caso sin reproches disciplinarios, según el CELS.
En octubre de 2025, la jueza Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, imponiéndole un embargo de 203 millones de pesos y prohibición de salida del país. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento por unanimidad en diciembre. Actualmente, la causa se encamina a juicio oral. La querella insiste en investigar a la cadena de mando, incluyendo a la entonces ministra Patricia Bullrich, y en esclarecer las irregularidades en la entrega de pruebas audiovisuales por parte de Gendarmería y la Policía Federal.