El Poder Ejecutivo provincial ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone once modificaciones a seis normas, entre ellas el Código de Procedimiento Penal, la Ley Penitenciaria y la Ley de Inteligencia. La iniciativa será analizada este lunes en la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe envió el jueves a la Legislatura un proyecto de ley que plantea once reformas en materia de seguridad pública. El texto será expuesto en la reunión de gabinete de este lunes, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad capital.
El mensaje del Ejecutivo prevé modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas el Código de Procedimiento Penal (CPP), la Ley Penitenciaria, la Ley de Inteligencia y la Ley de Recompensas. La semana anterior, los ministros Pablo Cococcioni (Seguridad) y Fabián Bastía (Gobierno) informaron a un grupo de legisladores del oficialismo los lineamientos generales de la iniciativa.
El texto genera debate en el seno de la coalición Unidos. Fuentes consultadas indicaron que el proyecto «saldrá con muchos cambios». La Casa Gris busca introducir modificaciones al CPP y otras normas que endurecen métodos y procedimientos.
Además de cambios al CPP, se sugieren retoques al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y una ampliación de facultades policiales para casos especiales. En los considerandos se advierte que «no todos los contextos delictivos son equivalentes» y que se busca «introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa».
Interrogatorio
Se propone restituir la figura de la «declaración informativa» para facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando aún no está definido si una persona debe declarar como imputado o testigo. También se plantea «eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado».
Juicio penal en rebeldía
Se amplía la posibilidad de juzgar en ausencia, argumentando que «no se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada». Se prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula la aparición tardía del imputado.
Validación probatoria
Se regulan supuestos de admisibilidad de pruebas que funcionan como excepción a la regla de exclusión, habilitando mayor flexibilidad en la admisión de pruebas en un juicio.
Allanamiento automático
Se agrega como supuesto de allanamiento sin orden judicial el secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en la vía pública, con el fundamento de que esperar la indicación judicial «da lugar a ocultamiento y pérdida de la evidencia».
Derribo por orden fiscal
Se introducen supuestos excepcionales que habilitan a la fiscalía a ordenar la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico. El proyecto sostiene que se busca «desjudicializar el accionar estatal en casos de extrema obviedad».
Medidas coercitivas por decreto fiscal
La Fiscalía podría imponer medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado. Según el proyecto, «no se afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio».
Procedimiento por decreto penal
Se incorpora este procedimiento para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, excluyendo penas de privación efectiva de libertad.
Régimen agravado para internos de alto perfil
Quienes ordenen delitos graves desde la cárcel serán sometidos a aislamiento extremo y se suspenden privilegios de visita física, garantizando solo contacto familiar por correspondencia epistolar fiscalizada.
Fortalecimiento de inteligencia
Se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia, con el objetivo de «fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado».
Ampliación del programa de recompensas
Se amplía la posibilidad de que los órganos ejecutivos realicen ofrecimientos fuera del marco investigativo, con propósitos preventivos o de seguridad pública.
Zona de intervención policial especial
Se propone que los órganos ejecutivos puedan intervenir policialmente una zona determinada según indicadores de criminalidad, habilitando facultades de excepción en la regulación del espacio público y la circulación de personas.