El presidente Javier Milei envió un proyecto a Diputados que limita el beneficio tarifario a la Patagonia y la Puna. De aprobarse, localidades del sur de Santa Fe perderían el descuento.
El presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto para recortar los beneficios del régimen de zona fría en la tarifa de gas. La medida impactaría en el sur de Santa Fe, y se conoce horas después de anunciar un refuerzo de subsidios para mayo.
El proyecto acota la “zona fría” a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, regiones que ya contaban con descuentos del 50% hasta 2021. Ese año, el régimen se amplió a localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, además de 50 municipios bonaerenses. La ampliación llevó los beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
El gobierno actual sostiene que ese crecimiento tensionó el fondo fiduciario del régimen. El presidente ya facultó al ministro de Economía, Luis Caputo, para aumentar el recargo que lo financia. El texto enviado al Congreso critica la extensión del beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, señalando que “incrementó significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal y la magnitud de subsidios cruzados”.
La iniciativa busca “conciliar el régimen de zona fría con el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”. De aprobarse, en las zonas beneficiadas se sumarían ambos descuentos, mientras que en el resto de las localidades los subsidios solo aplicarán para hogares con ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”, según el Indec. En las áreas que pierdan la cobertura ampliada, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF mantendrían el adicional por zona fría.
El proyecto también establece que los subsidios se calculen solo sobre el precio del gas, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras. En el capítulo de hidrocarburos, deroga regímenes de promoción para la producción incremental de petróleo y gas, eliminando ventajas impositivas y acceso a divisas, aunque los proyectos ya aprobados mantendrán derechos adquiridos.
Además, prorroga hasta 2045 el régimen de incentivos a energías renovables y flexibiliza la cesión de contratos de abastecimiento del sector público para promover inversiones en generación eólica, solar y biogás. Finalmente, aborda la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, donde la Subsecretaría de Energía Eléctrica determinará diferencias de ingresos de distribuidoras y transportistas por leyes de emergencia tarifaria, y Cammesa aplicará créditos para cancelar deudas.