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Arroyo Leyes: límites legales y técnicos para construir defensas en zonas inundables

La Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe detalló las restricciones de la Ley 11.730 para obras en cauces y áreas inundables, y las objeciones al proyecto licitado en 2023.

En la provincia de Santa Fe existen límites legales y técnicos que deben considerarse al proyectar defensas en zonas inundables, en particular en la costa oeste de Arroyo Leyes, donde hay viviendas construidas sobre terrenos expuestos a las crecidas del río Paraná. La Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas señaló que cada sector requiere una evaluación de sus condiciones naturales y de las autorizaciones otorgadas para ocuparlo.

Declaraciones del secretario de Recursos Hídricos

El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, explicó: “Hay que revisar dónde se construyó, cuándo se ocuparon esos terrenos y qué permisos se dieron. Son lugares por donde el agua pasa o se acumula cuando el río crece, y eso debe tenerse en cuenta antes de definir una obra”.

Qué establece la Ley 11.730

La Ley provincial 11.730 distingue tres áreas: los cauces y cuerpos de agua permanentes (Área I); los terrenos por donde pasan o se almacenan las crecidas, considerados zona inundable (Área II), y otras zonas con riesgo de inundación (Área III).

En el Área II están prohibidas las obras y actividades que impidan el escurrimiento natural. Las construcciones requieren autorización de Provincia y deben cumplir las condiciones previstas para permitir el paso del agua y ser compatibles con el riesgo de inundación.

Mijich precisó: “El artículo 18 establece que la Provincia no puede hacer infraestructura básica ni defensas en beneficio de ocupaciones o construcciones no permitidas en las áreas I y II que se hayan realizado después de la publicación de la cartografía. En Arroyo Leyes hay que considerar los mapas publicados en 2014 y revisar la situación de cada lugar”.

Autorización y control de construcciones

Los permisos de edificación, el control de las construcciones y la regulación local del uso del suelo corresponden, en primera instancia, al gobierno local. La Provincia evalúa el riesgo hídrico y el impacto de las intervenciones en el movimiento y la acumulación del agua.

La Ordenanza Comunal Nº 01/1996 y sus modificaciones establecen una cota mínima de edificación de 17 metros, cuyo cumplimiento debe controlar el gobierno local. El Reglamento de Loteos y Urbanizaciones de Arroyo Leyes también fija esa cota mínima.

“Construir a esa altura no significa que cualquier terreno sea apto para urbanizar. También hay que ver dónde está y si cumple con las restricciones de la ley provincial”, aclaró el funcionario.

La regulación se inscribe en el marco del financiamiento del Banco Mundial para obras contra las inundaciones, en 1999. La Ley 11.730 fue reglamentada en 2003. Además de ejecutar obras de defensa, la Provincia debía acompañarlas con una adecuada regulación del uso y la ocupación de las planicies de inundación. El objetivo era evitar que la infraestructura generara una falsa sensación de seguridad y propiciara nuevas urbanizaciones en terrenos que siguen expuestos al riesgo de inundación.

Objeciones al proyecto licitado en 2023

Desde Recursos Hídricos advirtieron que el proyecto licitado en 2023 desplaza el trazado de la defensa hacia el interior del río, sobre terrenos que forman parte de su funcionamiento natural.

“Si llevamos la defensa hacia terrenos más bajos, necesitamos un terraplén más alto. Además, hay que resolver cómo sacar el agua de lluvia que queda adentro, con estaciones de bombeo y desagües de mayor tamaño que después deben mantenerse en funcionamiento”, explicó Mijich.

La Secretaría de Recursos Hídricos también señaló que ampliar la superficie protegida podría favorecer nuevas urbanizaciones en terrenos inundables. Eso aumentaría la cantidad de personas expuestas si la defensa falla o resulta insuficiente.

“Tenemos que evaluar una solución que proteja a la población y respete los espacios que el río necesita durante una creciente. Eso debe ir acompañado de reglas y controles para que no se siga construyendo en zonas de riesgo”, sostuvo el secretario.

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