La operación incluye el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, la Maternidad Oroño, el Instituto Cardiovascular de Rosario, los sanatorios de Funes y San Nicolás, y la prepaga Esencial. El grupo comprador integra atención médica y financiamiento de prestaciones.
La estructura de la salud privada en Rosario y la provincia de Santa Fe atravesó esta semana una modificación tras confirmarse la venta del Grupo Oroño a Swiss Medical, encabezada por Claudio Belocopitt, y a Chicago Capital, el holding de la familia Tourn.
La operación incluye la transferencia del Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, la Maternidad Oroño, el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), los sanatorios de Funes y San Nicolás, y la empresa de medicina prepaga Esencial.
Con esta adquisición, el grupo comprador concentra bajo una misma órbita empresarial la gestión de la medicina prepaga y los centros de internación y diagnóstico de alta complejidad.
Este movimiento se suma a otras operaciones previas en el sector local: el ingreso de Swiss Medical junto a la familia Tourn en el Grupo Gamma y el desembarco del rafaelino Carlos Tita en el Hospital Italiano.
El cambio central que introduce esta compra en el mercado sanitario local es la integración vertical. Hasta el momento, la salud privada en Rosario se caracterizaba por la presencia de múltiples actores locales e independientes, con una división entre los propietarios de los sanatorios y las empresas administradoras de planes de salud.
El traspaso ocurre en medio de un cuadro financiero complejo para el sector prestador privado a nivel nacional y provincial. Días antes de confirmarse la venta, el Consejo Federal de Clínicas se reunió en Rosario para reclamar la oficialización de la prórroga de los embargos impositivos anunciada por el Ministerio de Economía.
Según estimaciones difundidas por la entidad Salud Federal, alrededor de 6.000 empresas, clínicas y profesionales del país enfrentan dificultades operativas ante la posibilidad de que se levante la emergencia sanitaria. El sector señala que la caída del poder adquisitivo provocó la migración de afiliados desde las prepagas hacia el sistema público, a lo que se suman el incremento de los costos operativos, los retrasos en los pagos y el aumento de la litigiosidad judicial.