Un tribunal colegiado de Santa Fe condenó a dos personas a dos años y tres meses de prisión en ejecución condicional por el delito de turbación de la posesión en perjuicio de las firmas Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL. La sentencia, dictada por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, absolvió a un tercer imputado por el beneficio de la duda.
Un tribunal colegiado condenó a dos personas a la pena de dos años y tres meses de prisión en ejecución condicional por el delito de turbación de la posesión en perjuicio de las firmas Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL. En la misma resolución, dictada por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, se dispuso la absolución de un tercer imputado por aplicación del beneficio de la duda.
La acusación, llevada adelante por el fiscal Germán Mazzoni, ubicó los hechos entre el 8 y el 29 de junio de 2020. Según la investigación, durante ese período los condenados ejecutaron actos de amedrentamiento y acciones de fuerza en los accesos a los establecimientos de la firma para paralizar su actividad, bloqueando el ingreso y egreso de camiones de carga y descarga de materiales.
La causa incluyó además un episodio registrado el 25 de junio de aquel año, en el que dos de los investigados amenazaron a un tercero con represalias físicas hacia su persona y su entorno para evitar que interviniera en el conflicto, siempre según la acusación.
Aquel extenso piquete marcó un punto de inflexión que trascendió lo judicial y lo estrictamente laboral: el caso fue el germen de la creación del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), un frente de patronales que cobró visibilidad nacional e impulsó la figura pública de la empresaria Verónica Razzini, quien más tarde ocupó una banca como diputada nacional.
El dictamen judicial se produce en un escenario distinto para el grupo empresarial. Tras aquel hito que alteró la dinámica de los conflictos sindicales en la región, las firmas atraviesan una compleja coyuntura económica que las llevó al concurso preventivo de acreedores, marco en el cual la propia conducción de la empresa pasó a quedar bajo la lupa de una investigación penal por estafa.