El oficialismo reunió 60 firmas en el plenario de comisiones y busca llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, tras acordar modificaciones con aliados y Estados Unidos.
El gobierno consiguió este martes el dictamen de mayoría del proyecto de «Defensa de la Soberanía Nacional», conocido como ley Malvinas, después de aceptar modificaciones reclamadas por sus aliados y por Estados Unidos.
La Libertad Avanza reunió 60 firmas y apunta a llevar la iniciativa al recinto de Diputados el 12 de noviembre, aunque persisten diferencias sobre los artículos vinculados con la injerencia extranjera y la libertad de expresión.
El despacho se firmó en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tras varias semanas de negociaciones. La discusión terminó con seis dictámenes: el oficialista y otros cinco de diferentes sectores. Algunos aliados acompañaron con disidencias y reclaman nuevos cambios antes de votar.
La iniciativa, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas y los espacios marítimos circundantes. Pero su alcance excede la cuestión Malvinas: también modifica normas sobre defensa, inteligencia y seguridad, y crea un «Consejo de Seguridad Nacional».
Unión por la Patria y sectores de Provincias Unidas habían pedido separar el capítulo de Malvinas del resto de las reformas. El oficialismo defendió el tratamiento conjunto.
Una de las principales concesiones fue acotar las penalidades a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. El texto exceptúa a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión sin poder de decisión sobre los activos.
Para sancionar a un proveedor, además, se exige que sus bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino. La versión original extendía las prohibiciones de manera más amplia a quienes tuvieran vínculos económicos con las compañías infractoras.
Los cambios llegaron después de que el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitiera la preocupación de Washington por el impacto de las sanciones sobre sus empresas. Ese planteo se sumó a los cuestionamientos de los bloques dialoguistas al proyecto enviado por Javier Milei.
La propuesta amplía el régimen vigente, centrado en los hidrocarburos, a otros recursos naturales renovables y no renovables. Contempla multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para operar en la Argentina.
Otro eje de la negociación fue el «Consejo de Seguridad Nacional», que estará presidido por el presidente. Entre sus atribuciones figura la revisión de inversiones de Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, minería y defensa.
El oficialismo aceptó incorporar al Ministerio de Seguridad como integrante permanente y crear una comisión bicameral de seguimiento, con cuatro diputados y cuatro senadores. El órgano deberá recibir información dentro de las 48 horas sobre sanciones y medidas urgentes adoptadas por el Consejo.
El capítulo más controvertido sigue siendo el de injerencia extranjera. La nueva redacción mantiene penas de cinco a doce años de prisión para determinadas acciones realizadas por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, destinadas a alterar elecciones o condicionar decisiones de las autoridades.
El dictamen precisa las conductas alcanzadas y excluye la actividad periodística, la investigación académica, la diplomacia y la representación abierta y regulada de intereses. Pese a esos cambios, aliados piden más garantías y precisiones sobre la situación de las organizaciones civiles.
El objetivo oficial es debatir la ley el 12 de noviembre, después de la visita del Papa León XIV. Para entonces, deberá cerrar una redacción que asegure los votos en el recinto.