Las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibirán el miércoles a representantes de colegios de abogados, universidades y organizaciones sociales en el marco del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, identificado como «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública».
Las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe volverán a reunirse la próxima semana y activarán una nueva ronda de consultas con actores sociales que solicitaron ser escuchados en el marco del debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, identificado como «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública».
Según informaron fuentes legislativas, ocho entidades serán recibidas el miércoles para dar continuidad a una discusión que se inició formalmente esta semana con el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Quiénes asistirán
El listado de invitados al plenario de comisiones incluye organizaciones de Santa Fe y de Rosario: el Colegio de Abogados Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella», representantes de la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Abogados Primera Circunscripción y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad.
Qué se discute
El mensaje del Poder Ejecutivo prevé reformas a cinco leyes provinciales vinculadas con la seguridad pública: el Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal, la Ley de Recompensas, la Ley de Inteligencia y la Ley Orgánica de la Policía.
La estrategia legislativa de la Cámara de Diputados fue unificar el tratamiento de ese mensaje con otros dos proyectos ya votados por el Senado: la ley que modifica aspectos del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y la ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, orientada a contrarrestar el robo de celulares.
A partir de esa decisión, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad resolvieron sesionar de manera conjunta y abrir una ronda de diálogo con los actores involucrados.
Objeciones planteadas
En la primera jornada de consultas, los representantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe plantearon objeciones centradas en la delegación de facultades a la policía y a los fiscales, y advirtieron que ello podría implicar vicios de inconstitucionalidad.
Los cambios promovidos incluyen la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, tomar declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor y que el Poder Ejecutivo, sin requerimiento de un fiscal, pueda solicitar la activación de un pedido de recompensa.
Asimismo, la ley para combatir el robo de celulares autoriza a la policía a solicitar a cualquier ciudadano el IMEI (International Mobile Equipment Identity), un código único de 15 dígitos que identifica a cada dispositivo. Si la persona se negara a facilitar el teléfono, la policía podrá requisarlo y secuestrar el aparato.
El ex fiscal general de la provincia y actual ministro de la Corte, Jorge Baclini, sostuvo que esa situación implica una «presunción de ilicitud excesiva».