La destitución de Diego Rodríguez y Barros y la detención de Mariano Ríos Artacho elevan a diez el número de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público de la Acusación con imputaciones, remociones o condenas. La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, afirmó que el organismo no tolera corrupción y destacó el funcionamiento de los controles internos.
La trama judicial santafesina sumó nuevos episodios en las últimas horas con la destitución del fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, y la detención del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho. Con estos casos, la nómina de funcionarios y exintegrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) involucrados en causas penales ascendió a al menos diez personas desde la puesta en marcha del sistema procesal penal en la provincia.
Rodríguez y Barros fue removido por la Legislatura tras comprobarse que simuló el robo de las cubiertas de su propio auto para cobrar el seguro e ingresó de forma no autorizada al sistema informático Heimdall del MPA. Ríos Artacho fue detenido e imputado como presunto jefe de una maniobra para desviar más de 400 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales entre 2017 y 2024.
Tras la detención y posterior imputación de Ríos Artacho, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, se refirió al impacto de las causas penales que involucran al cuerpo acusador. Vranicich declaró sentirse «institucionalmente defraudada» por el accionar atribuido a exfuncionarios del organismo y sostuvo que las investigaciones en curso demuestran que el sistema de control interno está funcionando.
«El MPA no tolera ni tolerará corrupción en sus filas. Que sea el propio Ministerio Público el que investiga, persigue e imputa a quienes habiendo sido fiscales cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones es una muestra de transparencia institucional y de que las instituciones funcionan sin privilegios», afirmó la jefa de los fiscales santafesinos.
Casos que involucran a fiscales
- Patricio Serjal (Rosario): ex fiscal regional de Rosario condenado a 9 años de prisión por cobrar sobornos e integrar un esquema de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
- Gustavo Ponce Asahad (Rosario): ex fiscal adjunto condenado a 3 años de prisión por su participación en la misma trama de corrupción tras acogerse a la figura de arrepentido.
- Mariano Ríos Artacho (Rosario): detenido e imputado recientemente como presunto jefe de una maniobra para desviar más de 400 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales para saldar deudas personales vinculadas a la ludopatía y negocios paralelos entre 2017 y 2024.
- Diego Rodríguez y Barros (San Jorge): destituido en sesión conjunta de la Legislatura tras fraguar el robo de neumáticos de su vehículo e ingresar de forma no autorizada al sistema informático Heimdall del MPA para intervenir en causas personales.
- Fernando Rodrigo (Rosario): condenado a 3 años de ejecución condicional tras comprobarse que ordenó escuchas telefónicas ilegales contra su expareja y su entorno interconectando sus líneas en expedientes judiciales en trámite.
- Mauro Blanco (Venado Tuerto): removido de su cargo y bajo prisión domiciliaria por presuntos vínculos informales con investigados por narcotráfico e irregularidades patrimoniales.
- Rodrigo González (Reconquista): condenado a 3 años de prisión condicional en las derivaciones de la causa por juego ilegal en el norte provincial.
- Matías Edery (Rosario): suspendido en 2024 tras ser imputado por presunto encubrimiento e irregularidades en el manejo de una informante.
- Leandro Benegas (Vera): imputado en una causa por abuso sexual; actualmente afronta el proceso penal bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
- Melisa Serena (San Lorenzo): imputada en 2021 por conversaciones ligadas a la red de juego ilegal; su legajo penal terminó archivado en 2023 y continúa en funciones.
Sanciones disciplinarias
Desde la Auditoría General de Gestión del MPA se aplicaron en los últimos años más de 15 sanciones disciplinarias a fiscales de distintas circunscripciones por faltas éticas, administrativas o inactividad injustificada en el trámite de legajos judiciales. Las medidas incluyen suspensiones de haberes y aperturas de sumarios graves.