El Poder Ejecutivo inició sumarios contra 15 nuevas personas y empresas por actividades en la plataforma continental argentina. La mesa política oficialista avanzó en la redacción de una ley de defensa de la soberanía nacional.
El gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otras 15 personas y empresas acusadas de participar en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. La medida fue anunciada este martes por la Oficina del Presidente y se suma a los 45 sumarios ya abiertos.
Según el comunicado oficial, los nuevos procedimientos alcanzan a personas humanas y jurídicas que habrían violado la ley 26.659, que exige autorización argentina para realizar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. El texto señala: “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”.
El Ejecutivo resaltó que las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes pertenecen a la Argentina y que nadie puede disponer de sus recursos sin permiso del país.
Malvinas en la agenda oficial
La administración de Javier Milei anticipó que continuará identificando a los actores involucrados e iniciará los sumarios necesarios para determinar responsabilidades. También ratificó su decisión de agotar las instancias administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles.
La cuestión de Malvinas fue el eje de la reunión que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en la Casa Rosada. Durante casi dos horas, la mesa política trabajó sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, cuya redacción se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica y será presentado en el Congreso la semana próxima.
El oficialismo resolvió que la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados. El proyecto buscará ampliar y endurecer las sanciones a las empresas internacionales que desarrollen negocios en las islas sin autorización argentina, en línea con los anuncios realizados por Milei durante la cadena nacional de la semana pasada.
En el encuentro, el canciller Pablo Quirno expuso sobre las compañías que podrían ser alcanzadas por las próximas medidas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, brindó detalles de la Base Naval Integrada de Ushuaia y del polo logístico proyectado en la Patagonia. Ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer la zona.
La causa judicial
La denuncia penal presentada por el gobierno contra cinco petroleras quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 12 de Comodoro Py, actualmente vacante y subrogado por Julián Ercolini. El fiscal que intervendrá en el expediente es Eduardo Taiano.
La presentación fue realizada por Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y está dirigida contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. El gobierno las acusa de operar en la Cuenca Malvinas Norte con licencias concedidas por el Reino Unido, sin autorización argentina.
El expediente 4437/2026 también alcanza a los directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las operaciones. Ercolini deberá dar intervención a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y proponga las primeras medidas de prueba.
Las acciones tienen como telón de fondo el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por la israelí Navitas, que controla el 65 por ciento de las licencias. El 35 por ciento restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration. El consorcio prevé comenzar la producción en 2028.
Además, Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya en el presupuesto 2027 las partidas necesarias para la nueva base naval.