A partir de este sábado, el nuevo Régimen Penal Juvenil reduce la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país. Santa Fe aplicará un sistema escalonado de detención para adolescentes, con tres niveles según la gravedad del delito.
A partir de este sábado, comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil. En Santa Fe, la modificación principal es la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. Los adolescentes que tengan 14 años cumplidos al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen diseñado para personas menores de 18 años.
La medida se enmarca en la ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Para Santa Fe, el cambio se acopla al Código Procesal Penal Juvenil aprobado en 2023.
La provincia cuenta con herramientas propias de Justicia Penal Juvenil y establecimientos para el alojamiento de adolescentes. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito sean privados de la libertad. Prevé distintas medidas y reserva el encierro para determinadas situaciones.
Tres niveles de detención
En Santa Fe, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel es el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de usar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad.
El segundo nivel son los Establecimientos de Puertas Abiertas, donde los adolescentes permanecen alojados bajo un régimen institucional, sin características carcelarias, con acompañamiento de personal civil.
El tercer nivel son los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca diferenciar la respuesta según la gravedad del delito.
Diferencias según los delitos
La normativa alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta que cumplen 18, cuando sean imputados por un delito del Código Penal o leyes penales especiales. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que las sanciones deben considerar las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito.
Entre las posibles respuestas se incluyen amonestaciones, reparación del daño, tareas comunitarias, prohibiciones de contacto o acercamiento y otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando no sea necesario. Cuando la Justicia determine que corresponde la privación de libertad, deberá elegir uno de los tres niveles.
El sistema prohíbe alojar a adolescentes junto con adultos. La ley crea un régimen diferenciado y establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión, excluyendo la prisión perpetua para personas menores de edad.
Santa Fe ya tenía parte de la estructura
La provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil y una ley de ejecución de penas que contempla pautas para el alojamiento de menores. A esto se suman los institutos juveniles en funcionamiento en territorio santafesino. El cambio que comienza este sábado no implica crear desde cero un sistema de Justicia Penal Juvenil.
El desafío es adaptar lo existente al nuevo escenario y garantizar que cada adolescente sea alojado según la gravedad del caso y las condiciones que establece la legislación. La ley nacional invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.