La justicia federal de Rosario formalizó la investigación penal contra Mariano Hernán Ruiz, su pareja y su hijo por lavado de activos. La fiscal solicitó prisión preventiva para Ruiz, pero el juez difirió la decisión hasta que sea evaluado por un gabinete médico.
El martes por la tarde se formalizó la investigación penal respecto de Mariano Hernán Ruiz, su pareja Teresa P. y su hijo Agustín R., como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en cuanto miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de esos hechos.
La fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con colaboración de la Procelac, a cargo del fiscal federal Juan Argibay Molina, presentó los argumentos. El juez federal de garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, consideró cumplidos los requisitos legales y dio por formalizada la imputación.
El 11 de agosto pasado, tras allanamientos en Rosario, Pérez y Piñero, Ruiz fue detenido en una vivienda de Larrechea al 800, en el marco de una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico. Durante el procedimiento, Ruiz manifestó sentirse mal y pidió atención médica, por lo que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
En la causa se detectaron movimientos patrimoniales y comerciales sospechosos. Según los investigadores, los fondos utilizados para comprar bienes y propiedades no podrían justificarse con los ingresos declarados de Ruiz.
El operativo incluyó once allanamientos en el sur de Santa Fe, en los que se secuestraron celulares, computadoras portátiles, automóviles, motos, dinero en efectivo, escrituras, documentación de vehículos, dispositivos de almacenamiento y archivos con información financiera. En una vivienda de Piñero se secuestraron documentación relacionada con dos vehículos, tres cargadores de pistolas y 73 cartuchos calibre 9 milímetros.
Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la sección de canes K9 y los grupos GOT, GIRI y GTM de la Policía de Santa Fe.
Respecto a las medidas cautelares, la fiscal solicitó prisión preventiva efectiva para Ruiz por el plazo de 120 días. Sin embargo, en virtud de la historia clínica y los antecedentes de salud del imputado, se acordó con la defensa postergar la resolución sobre la modalidad de la medida cautelar hasta que sea evaluado por el Gabinete Médico Interdisciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, evaluación prevista para el miércoles 19 de agosto. Luego se agendará una nueva audiencia para que el juez decida sobre la medida.
Para Teresa P. y Agustín R., el juez ordenó medidas de coerción no privativas de la libertad: promesa de someterse al proceso, firma cada veinte días en la Oficina de Gestión y prohibición de salida del país. Además, se dispuso un plazo de un año para la investigación.
Ruiz ya había sido condenado en abril de 2015, mediante juicio abreviado, a tres años de prisión por su participación en la estructura de la organización conocida como Los Monos. En aquella causa fue señalado como uno de los responsables de manejar las finanzas del grupo.