La discusión pública sobre la Ley de Tierras en Argentina reaviva preguntas sobre la propiedad y el interés colectivo. En Santa Fe, entre 1995 y 2011, se desarrolló una experiencia de obra pública que vinculó arquitectura, planificación y gestión.
La discusión pública en torno a la Ley de Tierras, que volvió a primer plano en Argentina en 2026, reavivó preguntas sobre quién puede apropiarse de un territorio, qué significa que una tierra sea privada y qué lugar ocupa el interés colectivo. Estas cuestiones, que habían permanecido latentes, ahora son objeto de debate.
En Santa Fe, entre 1995 y 2011, se llevó a cabo una transformación del territorio que convirtió estas preguntas en práctica concreta. Durante ese período se proyectaron y construyeron hospitales, espacios públicos, edificios culturales, centros judiciales y de salud, y un proyecto para el aeropuerto. La arquitectura y el urbanismo tuvieron la oportunidad de intervenir sobre problemas colectivos.
La idea central de cada proyecto era que intervenir físicamente en la ciudad constituía una forma de construir ciudadanía. Un hospital podía ser también una pieza urbana para la educación y contener investigación; un espacio público transformaba un barrio al albergar un museo; y un plan de descentralización resolvía necesidades inmediatas mientras modificaba la relación de la comunidad con su territorio y permitía albergar arquitectura de calidad por la envergadura del encargo y de los autores.
Arquitectura, planificación y gestión funcionaban en un mismo proceso. Existía confianza entre los actores y se consideraba que pensar y hacer no eran momentos separados.
Ese ciclo terminó y con el tiempo se perdió visibilidad de esa cultura de la obra pública. Si bien se continuaron realizando obras, desapareció la conversación sobre para qué se construye, qué proyecto de ciudad expresa cada ladrillo y qué responsabilidad existe al intervenir lo compartido.
La experiencia no se perdió por completo; pasó a una construcción silenciosa. El aprendizaje fundamental fue que construir lo común no depende solo de las instituciones (que aportan escala y continuidad) ni solo de las comunidades (que otorgan arraigo y permanencia). Las respuestas más potentes aparecen cuando ambos movimientos se encuentran y dialogan: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El contexto actual cambió: cambiaron las instituciones, las herramientas y la relación entre lo público y lo privado. Aparecieron problemas que antes no tenían la misma dimensión. No es posible repetir las recetas del pasado, pero sí recuperar la actitud frente a las preguntas: ¿cómo lograr que una decisión dure más que el tiempo de quienes la toman? ¿Cómo trabajar el territorio cuando se entiende como un bien compartido?
Cuando el debate actual interroga sobre la propiedad y el interés colectivo, lo que estaba oculto sale a la superficie. La obra pública es más que un problema de recursos o una respuesta técnica a una necesidad. Una idea que no encuentra la manera de hacerse realidad corre el riesgo de quedarse solo en una buena intención o en un eslogan vacío.
Frente a la reacción social que genera hoy la Ley de Tierras, la idea de preservar el territorio como un bien común ya no es un concepto abstracto. Es una demanda que brotó y maduró en la realidad cotidiana de Argentina. Por eso, el texto de cualquier normativa debe reflejar lo que la sociedad ya decidió cuidar y defender en su día a día. Lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea.