El Gobierno nacional publicó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia 681, que modifica la Ley de Migraciones y establece como causal de rechazo o expulsión la incitación a mensajes de odio contra el país. La medida generó rechazo en distintos espacios políticos y especialistas en derecho constitucional.
El Poder Ejecutivo Nacional publicó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681, que modifica la Ley de Migraciones (25.871) y habilita el rechazo al ingreso o la expulsión de personas extranjeras que, según el criterio del Gobierno, inciten o dirijan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino.
El decreto fue difundido en el Boletín Oficial y anunciado a través de la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X. El mensaje oficial expresa: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La medida se da en el marco de las agresiones ocurridas durante el Mundial de Fútbol y en línea con políticas migratorias similares implementadas por el gobierno de Estados Unidos.
Reacciones de la oposición
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la medida como “un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional”. En su cuenta de X, Ferraro sostuvo: “Otra vez asistimos a un arrebato sin el más mínimo filtro constitucional sobre la validez y aplicabilidad de un DNU y de su contenido. Parece responder más a una necesidad política personal que a una verdadera necesidad y urgencia del país. El Presidente, una vez más, se coloca por encima del Congreso para modificar la Ley de Migraciones incorporando causales de permanencia y expulsión del país, vinculadas a cuestiones de naturaleza penal, algunas que ni siquiera tienen un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento. ¿Quién y cómo va a aplicar esas causales?, ¿cómo se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el ‘mensaje de odio’ hacia el país o nuestra población?”
La exdirectora nacional de Migraciones y legisladora peronista Florencia Carignano señaló la “ironía” de que un gobierno que, según ella, hace de los mensajes de odio una política de estado, tome esta medida. En declaraciones, Carignano afirmó: “Si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios”. Mencionó los agravios del presidente hacia Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China, Venezuela y Brasil.
El exministro de Educación y exsenador del PRO, Esteban Bullrich, consideró que “el Presidente libertario, el faro de la libertad de occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país a personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026”.
El diputado radical Pablo Juliano calificó el decreto como “patrioterismo de cartón” y cuestionó que “se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”. La referencia alude al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se votará próximamente.
Postura de especialistas
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que “otra vez la Ley de Migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución”. Añadió que “esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro” y señaló que “lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio’”.
Contexto de la política migratoria
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había alertado en mayo de este año sobre la reforma normativa implementada a través del DNU 366, que modificó la Ley de Migraciones. Según el CELS, esa reforma “ataca dos pilares fundamentales de la política migratoria argentina de los últimos 20 años: el acceso igualitario a derechos humanos y el Estado como garante de la regularidad migratoria”. También señaló que “con la implementación de pequeños cambios en apenas algunos artículos de la ley, el gobierno modificó de raíz el espíritu de la norma, incorporó barreras para acceder a la residencia regular en el país y, con eso, al ejercicio de derechos como la salud o la educación”. Además, mencionó que “esta estrategia impacta en varios aspectos de la vida de las personas migrantes. El temor ante los controles de migraciones o las fuerzas de seguridad se traducen en un alejamiento de las instituciones: ir a la Dirección de Migraciones, al hospital, a la comisaría del barrio a hacer una denuncia o al colegio de los chicos parece ser un riesgo”.