La Justicia santafesina ordenó este jueves la liberación de dos de los seis policías detenidos por la denuncia de tortura seguida de muerte de Mauro Daniel González. El resto continuará privado de su libertad durante la investigación.
La Justicia santafesina ordenó este jueves la liberación de dos imputados entre los seis policías detenidos tras una denuncia de tortura seguida de muerte en la capital provincial. El resto continuará privado de su libertad durante la investigación sobre el fallecimiento de Mauro Daniel González en dependencias oficiales.
La resolución benefició a Juan Cruz B., el único sospechoso que pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y que no fue señalado por el delito antes mencionado. En cambio, el fiscal Ezequiel Hernández lo identificó como responsable de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
En esta instancia, la jueza Cecilia Labanca también rechazó el pedido de prisión preventiva para Sabrina P., una de las cinco integrantes del Comando Radioeléctrico que habían sido arrestados la semana anterior. La medida respondió a una solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con respecto a un episodio registrado el 17 de enero en la comisaría 8ª.
¿Qué pasó con los policías imputados en Santa Fe?
Las dos personas liberadas este jueves tienen prohibido salir del país mientras se realiza la investigación sobre la muerte de González. Entre las reglas de conducta definidas por la magistrada se destaca que no pueden contactarse con testigos ni con los demás imputados en la causa.
Al cabo de la audiencia que había pasado a cuarto intermedio este miércoles, la agente del Comando Radioeléctrico esquivó la prisión preventiva porque aún no pudo acreditarse que haya intervenido directamente en las torturas denunciadas. En el caso de Juan Cruz B., su defensor señaló que sólo está en la mira judicial por una participación acotada en los hechos denunciados ante el MPA.
Detalles de la investigación
De acuerdo con la investigación, Mauro González fue detenido en el barrio Yapeyú. Durante el procedimiento y el posterior traslado, los policías lo sometieron a una serie de agresiones. Pese a su mal estado de salud, los agentes no lo trasladaron de inmediato a un centro de salud, sino que realizaron otras diligencias antes de llevarlo al servicio de medicina legal y posteriormente alojarlo en la comisaría 8ª.
La autopsia incorporada al expediente determinó que la víctima presentaba 20 lesiones en distintas partes del cuerpo. El reporte indica que falleció porque se broncoaspiró con vómito mientras estaba demorado en las dependencias.
Golpes y una parada en una estación de servicios
El operativo policial comenzó a las 14.30 del sábado 17 de enero, cuando Lucas A. y Melisa D. fueron hasta el cruce de Chaco y Hermanos Figueroa por una denuncia. El fiscal señaló que los policías redujeron al hombre de 35 años en medio de una «crisis subjetiva».
Según el MPA, los agentes recibieron apoyo de Facundo A., Sebastián B. y Sabrina P. luego de la aprehensión. En esta instancia empezaron a pegarle a la víctima mientras estaba tendida en el suelo y esposada.
De acuerdo al relato de los testigos, la golpiza continuó arriba de la caja de la camioneta en la que trasladaron a González. «Un familiar alertó a los agentes porque González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor», subrayó el encargado de la investigación.
Una parte de los imputados se llevó al detenido en el móvil antes mencionado y el resto los siguió en un segundo vehículo oficial. En el trayecto, el hombre fue agredido con un bastón o escopeta, de acuerdo a la hipótesis oficial. Antes de facilitarle atención médica, los agentes pararon en una estación de servicios.
Finalmente, González quedó alojado en un calabozo de la seccional ubicada sobre General Paz al 7300, donde estaba solo y no tenía posibilidad de contar con asistencia sanitaria. Unas horas más tarde, los agentes confirmaron su muerte. A casi seis meses de aquel episodio, la denuncia derivó en la prisión preventiva de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad provinciales. Mientras tanto, todos los imputados cuentan con una asesoría legal particular cuyos honorarios cubrirá el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.