La fiscalía imputó a seis agentes del Comando Radioeléctrico e Infantería por la muerte de Mauro González, ocurrida el 17 de enero tras una detención en la que se habría utilizado fuerza desproporcionada y omitido auxilio médico.
En la audiencia de medidas cautelares presidida por la jueza penal Cecilia Labanca, el fiscal Ezequiel Hernández detalló las acusaciones contra los seis policías detenidos por la muerte de Mauro González, ocurrida el pasado 17 de enero. Según la fiscalía, el hecho no fue una detención de rutina que terminó en tragedia, sino el resultado de un «plan común» donde el uso desproporcionado de la fuerza y la omisión deliberada de auxilio médico crearon un riesgo letal.
La fiscalía expuso evidencias recolectadas en seis meses de investigación, incluyendo registros GPS, testimonios y un informe forense que calificó de «intensidad máxima» el sufrimiento de la víctima. Hernández sostiene que los agentes hicieron «uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza», sujetando a González con violencia, arrojándolo al piso y esposándolo. Luego, otros uniformados colaboraron violentamente, golpeándolo y presionándole con las rodillas la cabeza, la espalda y las piernas.
La fiscalía imputó a Facundo A., Melisa D., Lucas A., Sebastián B. y Sabrina P. como coautores de «tortura seguida de muerte» por haber agredido a la víctima y mantenido la situación de riesgo de muerte de forma indiferente hasta que González falleció por asfixia al broncoaspirarse en estado de inconsciencia. Al oficial Juan Cruz B. se le imputó «vejaciones calificadas», ya que su participación se limitó al momento inicial de la aprehensión.
Hernández presentó una estructura probatoria basada en evidencia técnica objetiva. A través de registros GPS de los móviles, demostró que las unidades detuvieron su marcha durante el traslado, momento en que los testigos aseguran que los agentes continuaron con las agresiones. Registros fílmicos de una estación de servicio YPF y de la zona de la Comisaría 1ra confirmaron que la víctima ya se encontraba virtualmente inerte mucho antes de ingresar a la Seccional 8va.
La fiscalía señaló que los oficiales prescindieron de la Resolución N.º 1427/2019, que obliga a convocar personal sanitario ante crisis de salud mental. En cambio, la víctima recibió una golpiza focalizada en su zona abdominal, a pesar de que su padre advirtió que el joven tenía una cirugía en esa área. El ensañamiento resultó en la fractura de la séptima costilla derecha y más de 20 lesiones visibles. El informe forense determinó que la muerte por broncoaspiración fue un evento «altamente previsible y prevenible».
Para solicitar la prisión preventiva, Hernández invocó el concepto de «Blue Wall of Silence» (muro de silencio azul), señalando que los acusados poseen conocimientos diferenciales y redes de influencia para amedrentar a los testigos. El temor expresado por la familia de González, que denunció hostigamientos y persecuciones de móviles policiales, reforzó la tesis de peligro de entorpecimiento probatorio.
La fiscalía subrayó que, ante una expectativa de prisión perpetua para cinco de los seis agentes, el riesgo de fuga es máximo. El querellante Rodolfo Mingarini, abogado de la familia, también solicitó la prisión preventiva. Los defensores particulares de los imputados discutirán la pretensión del bloque acusador. La jueza Labanca podría resolver el jueves.