Hasta comienzos de junio, los agentes de Control y Convivencia identificaron 1.019 cuidacoches en Rosario, un incremento del 35% respecto a febrero. Además, se registraron 245 demorados por denuncias de amenazas y extorsiones.
Hasta comienzos del mes en curso, los agentes de Control y Convivencia establecieron un nuevo total a la hora de identificar a quienes piden dinero a cambio de cuidar autos en diversos puntos de la ciudad. Fueron 1.019 a comienzos de junio.
Además, y en colaboración con la Unidad Regional II de policía, se demoraron 245 trapitos por denuncias de amenazas, extorsiones y amedrentamientos en la vía pública. En todo el año pasado, se realizaron 156 operativos en los que se detuvieron a 72 personas, y este 2026, en 53 eventos masivos se aprehendieron a 29 personas.
Los trapitos tuvieron un relevamiento hecho por el municipio en 2025: se labraron más de 9 mil actas por diversas incidencias.
El mapa, sector por sector
El relevamiento efectuado por la Secretaría de Control y Convivencia detectó las zonas de mayor concentración de la actividad. El ranking lo encabeza la costa central con 182, le sigue el centro con 143, luego Pichincha con 124, bulevar Oroño desde Pellegrini al río con 110, el corredor gastronómico de avenida Pellegrini con 107, y el conector vial de La Florida, Parque Alem hasta Puerto Norte con 71, y luego Echesortu, Agote y Centenario con 50, para concluir en barrio Hospitales con 39. En el resto de la ciudad se completan otros 116.
También lo que viene en franco ascenso son los reclamos de la ciudadanía. Entre 2025 y lo que va de 2026 se recibieron en el Munibot y la línea gratuita del municipio (147) 2.150 quejas; de este total y tan sólo hasta junio ya son 905.
La prohibición volvió a Senadores
El proyecto de ley presentado ante la Cámara alta por el senador por Rosario, Ciro Seisas, establecía una modificación al artículo 66 del Código de Convivencia santafesino en la que se introdujo la figura de prohibición a la actividad del cuidado de autos y sus derivados y por la que se imponían sanciones, multas y hasta pena de arresto de hasta 15 días. A su vez, se planteaba un programa de inclusión social para reinsertar laboralmente a quienes ejercieran esa actividad.
Sin embargo, cuando el proyecto ingresó a la cámara de Diputados desató un debate más intenso, tanto en las bancas del propio oficialismo como por la firme negativa de la oposición y la postura de la Iglesia Católica, que cuestionó la iniciativa. Con este telón de fondo, los legisladores le introdujeron varias modificaciones sustanciales.
En vez de prohibir la normativa, las modificaciones en Diputados plantean sanciones sólo para quienes exijan “de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero” sin tener autorización correspondiente. El de Seisas imponía la prohibición para todas las actividades. Además, la cámara baja dictaminó que para tramitar las contravenciones se creen dos cargos de jueces de primera instancia, uno en Rosario y otro en Santa Fe.
Como sanción establece que, quienes incurran en la figura de intimidación, tengan prohibida la concurrencia por un máximo de hasta 60 días al lugar de los hechos, con la posibilidad de extenderse a 120 días si se ejerce en zonas de estacionamiento medido, en eventos públicos masivos, o ante el “aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad o discapacidad de la víctima”. La sanción también podrá ser sustituida por trabajo comunitario y le delega todas las facultades plenas a los municipios que adhieran a la norma. Además, se plantea una pena “con arresto de hasta 10 días” para quienes sean identificados como organizadores o coordinadores de esa actividad.
Ante esta situación, el propio Seisas insistirá en volver al espíritu de su proyecto. «No me inclino por lo que votó Diputados, hemos trabajado mucho en el Senado para alcanzar los consensos necesarios. Y las modificaciones establecen la prohibición solamente para los casos de amenazas, amedrentamientos o extorsiones y éstas son figura que están en el Código Penal», indicó, para criticar la creación de nuevos cargos en la Justicia para atender esta situación: «Veamos primero cómo funciona y si los jueces lo piden públicamente y muestran estadísticas al respecto, se puede incorporar en cualquier momento.»
El senador por Rosario solicitó preferencia para abordar el proyecto que regresó de Diputados en la próxima sesión. Puede ocurrir que sus pares aprueben y confirmen la media sanción original votada por unanimidad, o que consideren las modificaciones que llegaron desde Diputados.
Insisten con el proyecto original
«Quiero ser claro, para nosotros debe regir una prohibición en todo el territorio provincial con adhesión de los municipios con ordenanzas específicas en cada ciudad», remarcó Seisas, para apoyarse en el relevamiento que efectuó la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. «Se pasó de unos 700 cuidacoches relevados en febrero a más de mil a comienzos de mes. El incremento es superior al 30 por ciento en tres meses. Mientras demoramos discutiendo hay un 30 por ciento más de personas que de haberse aprobado antes, se deberían haber reubicado en otras actividades», marcó.
El legislador rosarino asumió que el Estado debe cumplir «un rol fundamental, que es garantizar la contención social de personas en situación de calle, pero un deber es el abordaje de la vulnerabilidad y otro también es el orden en una realidad muy compleja, más aun en la calle».