Una mujer de 65 años, analfabeta y en situación de vulnerabilidad, permanece detenida desde mayo de 2024 acusada de microtráfico, mientras que personal policial investigado en la misma causa no está privado de libertad.
La implementación de la Ley de Microtráfico en la provincia de Santa Fe es presentada desde fuentes oficiales como un avance contra el narcomenudeo. Sin embargo, el caso de Teresa, una mujer de 65 años, analfabeta y en situación de extrema vulnerabilidad en la zona oeste de Rosario, muestra una realidad distinta. Lleva dos años bajo prisión preventiva efectiva, mientras que el personal policial comprometido en la misma causa goza de libertad.
La historia se conoció en el stream Feos, Sucios y Malos, emitido por el canal de YouTube de este diario y en dúplex con Radio Universidad Rosario (FM 103.3). Allí, el abogado penalista Martín Marini dio detalles de una investigación judicial que expone las diferencias en el tratamiento de los implicados.
Según Marini, Teresa no era la jefa de ninguna organización criminal. Ingresó al mundo de la venta de estupefacientes por una situación de desamparo. Comenzó limpiando la casa de una vecina en barrio Godoy para costear el tratamiento médico de su esposo enfermo. En ese contexto, le propusieron vender cocaína a través de su ventana. El 3 de mayo de 2024, en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó detenida.
Marini afirmó: «Teresa es una mujer de 65 años, analfabeta, en una situación de extrema vulnerabilidad, y hace dos años que está en prisión preventiva. Lo indignante es que en el mismo operativo se encontraron armas y celulares que comprometerían directamente a personal policial, pero ellos hoy se encuentran en total libertad mientras ella sigue esperando el juicio».
El requerimiento de la Fiscalía acusa a Teresa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, solicitando una pena de 5 años de prisión efectiva. En la causa, testimonios señalaron que ella vendía por necesidad económica, pero la sustancia le llegaba fraccionada por terceras personas, conectadas con una empleada policial, según la teoría fiscal.
De acuerdo a la investigación judicial, en uno de los domicilios vinculados a la organización se secuestró material balístico –municiones de diversos calibres y cargadores– junto con elementos de librería y administrativos pertenecientes a la Policía de la provincia. Las declaraciones indicaron que era esa mujer policía quien traía las sustancias en un auto negro, generalmente de manera pautada tres veces por semana.
Según Marini, durante las primeras audiencias, quienes regenteaban el negocio le exigieron que «se hiciera cargo» de todo el material debido a su avanzada edad, con el objetivo de utilizar su vejez como un escudo para el resto de la banda.
En cuanto al estado de la causa, la Fiscalía ratificó el pedido de pena para ella y la vigencia de su prisión preventiva. Solicitó formalmente la apertura a juicio y detalló los años de cárcel que solicitará para todos los implicados en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Las mayores pretensiones punitivas recayeron sobre Juan A., para quien requirieron 6 años de prisión efectiva junto con la declaración de reincidencia. Para Fiorella C. –señalada como organizadora y proveedora del material–, Teresa I. –identificada como vendedora en el domicilio– y Leonela B. –imputada por su participación en dicho inmueble–, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.
En la vivienda de la subinspectora Cintia C. (hermana de Fiorella), quien se desempeñaba en la comisaría 2ª, ubicada en Paraguay al 1100, se incautó material probatorio. La uniformada quedó presa porque en su hogar los pesquisas secuestraron gran cantidad de elementos vinculados a su trabajo como funcionaria pública. La Fiscalía describió que la uniformada tenía en su poder unas 20 vainas servidas de distintos calibres y más de 350 cartuchos de varios tipos de armas de fuego. Además, había 61 sobres de papel con evidencias de procedimientos policiales y municiones sin autorización legal. También se encontraron elementos de librería provistos por el Estado para sus dependencias oficiales, entre ellos 11 libros de guardia. La mujer quedó imputada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, acopio de municiones y peculado, aunque no está relacionada formalmente con la causa de narcomenudeo.
La entrevista completa al abogado Martín Marini y el debate sobre este caso se pueden ver en el siguiente enlace.