El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un mensaje para eliminar la normativa vigente, mientras que en Diputados ya se presentó un proyecto similar. El oficialismo argumenta fallas técnicas y busca unificar criterios con el Mercosur.
El Gobierno nacional avanza en la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, que obliga a incluir octógonos negros en los envases de alimentos procesados y ultraprocesados para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El sábado ingresó al Senado un mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Este se suma al proyecto presentado una semana atrás por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero (Pro) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).
En sus fundamentos, el texto oficial sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total. Los diputados Fernández Molero y Bongiovanni señalaron que “a más de cuatro años de su implementación, la Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos” y que “ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria”.
Los legisladores afirmaron que “las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”. También indicaron que “el sistema de advertencias confunde al consumidor en lugar de orientarlo” porque el perfil nutricional adoptado utiliza umbrales móviles basados en la proporción de nutrientes sobre el total de calorías del alimento, en lugar de cantidades absolutas por cada 100 gramos.
La industria alimenticia resistió desde el inicio la sanción de la ley. En los fundamentos del proyecto, los diputados sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”. Señalaron que, aunque cada país del Mercosur tiene su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. “La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, remarcaron.
El oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor. En cambio, el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría la capacidad de reformulación de productos y la elección de opciones saludables.
En 2024, el Gobierno ya había introducido modificaciones a la Ley 27.642, estableciendo la prohibición de publicitar alimentos y bebidas analcohólicas envasados dirigidos especialmente a niños y adolescentes. También se exigió que los productos con al menos un sello de advertencia “deberán propender al consumo adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos”.
Según un informe del sitio Chequeado, desde 2025 el Mercosur trabaja en la unificación del etiquetado frontal de alimentos en los países miembros, a través de un órgano técnico dependiente del Grupo Mercado Común (GMC). Participan delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que el etiquetado puede ser un instrumento eficaz para ayudar a los consumidores a elegir alimentos saludables.
Un informe de la OPS publicado en marzo destaca que Argentina es el país con la normativa de etiquetado de alimentos más alineada con las mejores prácticas recomendadas por la agencia sanitaria. Existen 158 tipos de etiquetas de alimentos, según la FAO. Por ejemplo, Paraguay incluye una lupa con la leyenda “Alto en”, Brasil utiliza el mismo sistema gráfico con umbrales nacionales, y Uruguay aplica octógonos negros con límites propios.
De acuerdo con un informe de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), el proceso de unificación representa un riesgo de nivelar para abajo, modificando aspectos como criterios de calidad en compras públicas, restricciones de publicidad y protección de entornos escolares.
Actualmente, la Comisión de Alimentos trabaja en la armonización del etiquetado frontal en el Mercosur. Si se alcanza el consenso total, deberá someterse a una consulta pública de al menos 60 días en cada Estado parte. Para Argentina, al implicar modificaciones a una ley del Congreso nacional, se requerirá una nueva intervención de este poder.
La norma vigente, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados que superen límites de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. También exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños. La ley impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases, ni ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.