Autoridades de Santa Fe informaron sobre 65 incidentes en un solo día y convocaron a un rol preventivo de familias e instituciones educativas. Destacaron que estos hechos constituyen un delito.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe brindó detalles este lunes sobre la situación de amenazas en establecimientos educativos, que incluyen carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. En una conferencia de prensa, las autoridades advirtieron sobre las graves consecuencias legales y económicas de estas conductas, remarcando que «no se trata de una broma, se trata de un delito».
La vocera provincial, Virginia Coudannes, junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, detallaron las acciones que se están llevando a cabo.
El Ministerio de Educación convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Asimismo, se pidió reforzar el diálogo en los hogares.
El ministro Goity señaló que estas amenazas, muchas veces asociadas a desafíos virales, «alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad». Indicó que se trabaja en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situación, y se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación.
Por su parte, el ministro Cococcioni explicó que desde el área de Seguridad se trabaja en dos planos: el abordaje de la violencia en entornos digitales y la respuesta ante amenazas concretas. Precisó que «solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia», lo que activa protocolos de intervención que pueden incluir el secuestro de dispositivos y la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro. Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales. Recordó que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal.
El ministro remarcó que cada intervención implica un alto costo operativo y desvía recursos policiales. Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables. Según precisó, cada operativo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.