La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el oficialismo que crea un Régimen Penal Juvenil y que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.
El debate comenzó luego de la jura como diputado nacional del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien se incorporó formalmente al bloque de Provincias Unidas tras una demora de dos meses por motivos de salud. Con ese trámite cumplido, el recinto avanzó sobre uno de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa al asegurar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad”, sino construir un sistema que apunte a la resocialización. “El régimen vigente permite apenas medidas restrictivas vagas y muchos no quieren modificar nada para que todo siga igual”, sostuvo la diputada cordobesa.
Rodríguez Machado rechazó los cuestionamientos que señalan una criminalización de los adolescentes y remarcó que el proyecto contempla un amplio abanico de sanciones alternativas a la prisión. Explicó que, para delitos con penas de entre 3 y 10 años, los jueces podrán optar por medidas no privativas de la libertad, salvo en los casos en que haya mediado la muerte de la víctima. “Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó, y agregó que “aún con un solo caso de una muerte tremenda el Estado tiene que tener la facultad de actuar”.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó con dureza el proyecto y denunció que detrás de la iniciativa hay “una campaña de marketing” instalada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajo la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. “Le puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de la responsabilidad de sacar adelante este país”, advirtió.
Como miembro informante del dictamen de minoría, Tolosa Paz explicó que la propuesta del peronismo mantiene la edad de punibilidad entre los 16 y los 18 años y fija una pena máxima de 10 años. “Parte de una pena proporcional y diferencial, con un sistema que juzga, defiende y da una salida en el marco de la Constitución”, señaló. A su entender, el problema de la inseguridad “no se soluciona con consignas de marketing ni cambiando la edad de imputabilidad como si fuera un juego de póker”.
Pese a la postura mayoritaria de Unión por la Patria, un sector minoritario del massismo acompañó la baja de la edad de imputabilidad. El diputado Ramiro Gutiérrez firmó un dictamen alternativo que coincide con el oficialismo en llevarla a los 14 años, aunque marcó diferencias con el texto del Poder Ejecutivo. “El delito debe tener consecuencias y no hay que enojarse con el problema”, sostuvo, y remarcó la necesidad de un régimen integral que brinde herramientas cautelares a los jueces desde el inicio de una causa.
Gutiérrez detalló que la propuesta del Frente Renovador prevé la privación de la libertad solo para ocho delitos graves —como homicidios, torturas y violaciones— y prioriza, en el resto de los casos, soluciones restaurativas, terapéuticas y laborales.
Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman rechazó el proyecto y advirtió que el nuevo régimen penal juvenil ampliará las facultades policiales para hostigar a jóvenes de los barrios populares. “La criminalización efectiva siempre cae sobre los hijos de la clase trabajadora”, afirmó, y cuestionó que el Gobierno del “no hay plata” destine recursos a la persecución penal de menores. “Decimos no a la baja de imputabilidad. El que lo vote que sienta vergüenza”, lanzó.
El proyecto aprobado establece, además de la baja de la edad de imputabilidad, un sistema de sanciones alternativas a la prisión, la prohibición de que los menores compartan lugares de detención con adultos y medidas complementarias orientadas a la resocialización. Deja sin efecto la posibilidad de imponer prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de cárcel para menores. Para delitos con penas menores a tres años se descartan sanciones privativas de la libertad y, en los casos intermedios, se prioriza un enfoque social y educativo.
Un punto clave incorporado durante la negociación fue el financiamiento del régimen: el dictamen prevé una asignación superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar su implementación. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igual de intenso.