La estrategia judicial del Gobierno ante el escándalo de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo es confusa y errática.
Primero, el Gobierno guardó silencio durante cuatro días y recién el miércoles el presidente dijo que «todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió” durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora.
Pero no lo puede llevar a la Justicia con probabilidades de éxito a Spagnuolo por audios editados que son parte de una filtración dirigida de parte de desconocidos. No se trata de una declaración pública por la cual lo podría denunciar por calumnias e injurias y menos de una declaración como testigo ante la Justicia. Y además, hasta solo se conocen audios editados en que habla de generalidades, sin datos concretos de las maniobras a las que se refiere.
Entonces, solo le queda denunciar que la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo pagó sobreprecios «del 27 por ciento en la compra de medicamentos», según una auditoría preliminar del ministro de Salud Mario Lugones.
Y el Gobierno omitió datos clave para defenderse ante la Justicia. Por ejemplo, no difundió que una primera denuncia contra ANDIS de agosto del año pasado por direccionamiento de licitaciones a favor de la droguería Suizo Argentina había sido archivada por “inexistencia de delito”. Fue a pedido del fiscal Carlos Rívolo luego de investigar una denuncia K y avalada por el mismo juez Sebastián Casanello. El magistrado no puede reabrir la parte referida al direccionamiento porque ya la archivó. Le queda el supuesto pago de sobornos u otro delito.
Pero, además, Casanello -quien logró la condena a 10 años de prisión de Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K aunque siempre sostuvo que no había pruebas contra Cristina Kirchner- es el mismo juez que consideró que el audio del empresario K en la cárcel de Ezeiza era una prueba “contaminada”.
Se trata del famoso diálogo con una de sus abogadas, Elizabeth Gazaro, en el que Báez admite que “todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, en alusión a su rol de testaferro de Néstor Kirchner.
Sin embargo, hace dos semanas la Cámara Federal dictaminó que sí es prueba legítima porque la escucha del teléfono público de la cárcel de Ezeiza fue ordenada por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena para investigar al “Rey de la Efedrina” Mario Segovia. Báez usaba ese único teléfono del pabellón donde estaba preso Segovia.
Entonces, Casanello no usará ahora como prueba legítima un audio del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo editado y filtrado por desconocidos, sino que debe buscar mensajes de su celular tomadas con las normas procesales vigentes, confirmaron fuentes judiciales.
Tampoco lo hará el fiscal Franco Picardi quien consideró esa escucha de Báez y otras, como las del ex secretario de Planificación Roberto Baratta, que adelantaban cómo en enero de 2019 el juez Alejo Ramos Padilla iba a avalar el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
En aquel momento, Picardi pidió la nulidad de esas escuchas “y todo lo actuado en consecuencia, como así también se excluya toda la actividad jurisdiccional vinculada con la incorporación del producido de las intervenciones telefónicas y su posterior transcripción, como así también cualquier otro acto procesal por medio del cual se hayan incorporado o utilizado las grabaciones de las escuchas cuestionadas y sus transcripciones”.
Sin embargo, con el audio editado de Spagnuolo, el fiscal Picardi usó un criterio muy laxo para aceptar la denuncia del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, como queda claro.
De todos modos, tanto el juez como el fiscal tienen la obligación legal de investigar esta segunda denuncia del caso ANDIS frente a un Gobierno que se defiende con improvisación y desconocimiento de cómo funcionan los tribunales.