Por Mariángeles Guerrero / Especial para El Ciudadano
Se presentó formalmente el proyecto de Reforma de la Constitución provincial elaborado por el bloque justicialista Más para Santa Fe. Fue este lunes, con un acto realizado en la Legislatura. La iniciativa representa «la coincidencia y unanimidad de nuestros principios e ideales, que como Convencionales Reformadores, hemos podido plasmar en un texto único, surgido del debate profundo y del compromiso que asumimos de respetar el consenso, privilegiando las afinidades y coincidencias por sobre las posibles diferencias», expresaron las y los convencionales del bloque, que reúne a dirigentes del Movimiento Evita, Ciudad Futura y el Frente Renovador.
El proyecto propone reformas en el Estado, el municipalismo ligado a la autonomía municipal y la creación de un «cuarto poder» para fomentar la participación ciudadana. También expresa el posicionamiento del bloque respecto a derechos como el ambiente sano, el agua, el derecho a la ciudad y a la paridad de género. En la presentación estuvieron presentes las convencionales Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Jaquelina Balangione y los convencionales Rubén Pirola (presidente del bloque), Juan Monteverde (vicepresidente primero) y Diego Giuliano (vicepresidente segundo).
«Hoy hay una concepción del poder, del Estado y del gobierno donde arriba hay muy poquita gente que toma decisiones por todos los que estamos abajo. El concepto general de nuestro proyecto de Constitución es invertir esa pirámide y darle más poder al vecino, al que conoce los problemas pero también las soluciones», expresó Monteverde.
«Incorporamos el derecho a la ciudad e institutos para hacerlo realidad. El texto de nuestro proyecto dice que los próximos gobernadores deben, por mandato constitucional, convertir a los inquilinos en propietarios. Queremos que esta reforma no sirva solo para discutir la reelección del gobernador, sino también dramas, los sueños y los anhelos de nuestra gente», completó.
Desde el bloque, manifestaron que «el camino de reforma de nuestra Constitución exigía la necesidad de un proceso que exceda la mera deliberación de los cuerpos colegiados, para incorporar activamente la pluralidad de voces que configuran el entramado social santafesino».
En ese marco –afirman– articularon una serie de encuentros preliminares con «actores clave del sector gremial y de las organizaciones sociales situados en los diferentes territorios provinciales», reconociendo la importancia «fundamental» de la participación ciudadana en el debate. Los encuentros, detallaron, se realizaron en Venado Tuerto, Reconquista, Rosario, Rafaela y Santa Fe.
Reformas en el Estado
La iniciativa señala que el cargo de gobernador y vice podrán reelegirse por única vez. «El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones, sin que evento alguno autorice prórroga de ese término. Pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período en forma consecutiva o alternada. En ningún caso, una vez ejercidos los dos mandatos podrán nuevamente ser elegidos», dice el artículo propuesto al respecto.
El proyecto establece que para ser diputado o diputada provincial se deberá tener más de 18 años y dos años de residencia comprobada en la provincia; para ser senador o senadora más de 25 años y dos años de residencia. En ambas cámaras los mandatos durarán cuatro años y los cargos solo podrán ser reelectos una sola vez. También se indica que el período de sesiones ordinarias iniciará el 15 de febrero y terminará el 30 de noviembre.
En cuanto a la Corte Suprema, de aprobarse esta propuesta, se compondrá de siete ministros y un procurador general, «propendiendo a respetar el principio de paridad y de equilibrio territorial». Los integrantes de la Corte deberán ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Jueces, fiscales y defensores serán designados a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, previa intervención del Consejo de la Magistratura.
El proyecto señala la autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, pero su inclusión dentro de la órbita del Poder Judicial.
Más para Santa Fe propone que la justicia electoral se encuentre a cargo de un Tribunal Electoral permanente, compuesto por tres miembros que deberán reunir los mismos requisitos que para ser integrantes de la Corte Suprema. Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con base en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Podrán ser removidos según las normas del juicio político.
Autonomía municipal
«Toda comunidad con base poblacional estable, que exprese una vida colectiva organizada, con identidad común, se gobierna por sí misma con arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que en su consecuencia se dicten», indica el proyecto presentado. Inaugura de esa manera la sección dedicada a la autonomía municipal.
En ella expresa: «La Provincia adopta el municipalismo como base de su organización territorial y democrática y promueve una estructura institucional ascendente, reconociendo que el poder público se origina en la comunidad y el territorio como expresión directa de la soberanía popular».
Establece que los municipios «son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus competencias» y que «la Provincia reconoce y garantiza la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico, financiero y de control».
Asimismo, propone que la Legislatura deberá establecer un régimen de coparticipación con los municipios de los recursos correspondientes a la provincia en virtud del régimen federal de coparticipación y de otras transferencias con un porcentaje no menor al 19% para las ciudades y al 6% para las comunas.
En cuanto a recursos provenientes de la recaudación de tributos provinciales, se propone el reparto de un porcentaje no menor al 20% para las ciudades y no menor a un 10% para las comunas.
Finalmente, manifiesta: «se promueve la creación de un fondo compensador destinado a garantizar el desarrollo equitativo de aquellos municipios con menores recursos o condiciones estructurales desfavorables».
Poder Ciudadano
El proyecto de Reforma de Más para Santa Fe promueve la creación de un «cuarto poder», denominado «Poder Ciudadano». Se define como «la participación de la sociedad en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, así como la exigencia y control de las instituciones y poderes del Estado a fin de garantizar una democracia protagónica y la plena operatividad de los derechos constitucionalmente consagrados».
Para esto, reconoce mecanismos de democracia representativa y semidirecta, orientados por principios de «igualdad, solidaridad, autonomía, deliberación pública, control popular y el respeto a la diversidad e interculturalidad».
Para ello, habilita los siguientes mecanismos: iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, referéndum (consulta vinculante sobre un tema a la sociedad), consulta popular (consulta no vinculante) y revocatoria de mandatos de cargos electos.
También incluye audiencias públicas (convocada por cualquiera de los otros tres poderes); auditorías ciudadanas (de las políticas públicas sociales, laborales, culturales y económicas); asambleas ciudadanas; gestión social (instituciones surgidas de la sociedad civil con el fin de garantizar derechos) y voluntariado social.
Derechos reconocidos
El proyecto propone la inclusión de derechos en relación a la detención arbitraria, la libertad de culto, el derecho al debido proceso, la condición de las cárceles, la acción de hábeas corpus y el juicios por jurados.
También incluye el derecho a la información pública, al secreto de las fuentes periodísticas, a la protección de datos personales y el derecho a la libre asociación. Regula la presentación de medidas de amparo judicial; incorpora el derecho de daños, la salud como un «derecho humano inalienable e integral». Declara de interés público a los laboratorios públicos, propone el abordaje de consumos problemáticos y la perspectiva de salud mental en materia de salud.
En cuanto al derecho a la educación, el proyecto incluye varios artículos; entre ellos uno que reconoce a la familia «como agente educador y
socializador primario debiendo fomentar que la política pública afiance y garantice este rol».
En el plano laboral, reconoce el derecho al trabajo como un «derecho social fundamental». Dispone que habrá igual remuneración por igual tarea en el ámbito público, el derecho a huelga, el reconocimiento del trabajo de cuidados y del trabajo realizado en el ámbito de la economía social, popular y solidaria. Suma el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo. Indica que el sistema previsional provincial será público y tendrá carácter solidario y establece la movilidad de los haberes de los trabajadores públicos.
Declara a los alimentos como bienes sociales y a la alimentación como un derecho humano. Reconoce además la función social de la propiedad. En cuanto a la vivienda, señala: «El Estado facilita la formulación y ejecución de planes que promuevan la transición de inquilinos, poseedores y sectores excluidos del mercado formal hacia la propiedad de la vivienda, con prioridad en quienes no puedan acceder por sus propios medios».
Además reconoce los derechos culturales, la protección de los sitios de memoria, la paridad de género en todos los ámbitos del estado y en cargos electivos y partidarios, la financiación de partidos políticos y el destino de parte de esos fondos a la capacitación de sus integrantes.
Indica que la seguridad pública es un derecho humano. Incorpora el derecho a la identidad digital y la prohibición de difundir noticias falsas, Instituye a los servicios públicos como derechos humanos y precisa el rol del Estado provincial en materia de tarifas.
Establece el derecho al ambiente sano y reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Añade el derecho a la educación ambiental y a la participación ciudadana en la definición de políticas ambientales y el derecho al agua. «El Estado provincial garantiza el acceso equitativo al agua segura, saludable y potable de forma continua a todos los habitantes, priorizando a las poblaciones más vulnerables y rurales, y velará por su disponibilidad, calidad y uso sustentable», dice al respecto.
Reconoce los derechos de consumidores y usuarios y «la deuda de la provincia con los barrios populares», con el objetivo de que se desarrollen políticas específicas para ellos. Propone medidas positivas para proteger a niñas, niños y adolescentes, mujeres y disidencias, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios.
Expresa que «los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos civiles y políticos forman un conjunto inseparable e indisponible de derechos basados en la dignidad de la persona humana» y que «el Estado Provincial es garante de su protección integral».
Al respecto, marca que es el Estado provincial el que debe garantizar «el bienestar, la alimentación adecuada, la vivienda digna, la salud, la educación, el acceso a los servicios esenciales, el deporte y el esparcimiento, la participación plena en la vida cultural y comunitaria, evitando cualquier forma de marginación, discriminación o maltrato».