Una cosa no quita la otra, si el ex presidente Fernández debe ir preso, que vaya, pero que Milei vete todo lo legislado por el Congreso Nacional, sentencia lo que te dijimos desde el momento que asumió y habló de «espaldas» al ese Congreso al que dijo que iba a ignorar. Lo está haciendo y muchos celebran que millones de argentinos se mueran de cáncer y sin un Estado Presente. Y eso no puede sorprender a nadie.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros durante su gestión. Se le imputa el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en el marco del expediente donde se busca determinar un posible entramado de fraude en torno a seguros contratados por organismos estatales a través de Nación Seguros, con millonarios pagos de comisiones a brokers que habrían actuado como intermediarios.
Entre los involucrados figura el empresario del sector asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y pareja de su exsecretaria María Cantero, imputada en la causa.
La semana pasada, el exmandatario estuvo más de dos horas ante el magistrado para ampliar su declaración indagatoria. La primera vez que se presentó en la causa fue en noviembre del año pasado, ante el juez Julián Ercolini, recusado por la defensa del expresidente. Pasados seis meses y habiendo quedado la causa a cargo de Casanello, se presentó en Comodoro Py para ampliar su testimonio.
En su defensa, argumentó que la imputación «no es clara, precisa, ni circunstanciada». Además cuestionó el objeto de la denuncia al señalar que el presunto delito, que consistiría en la firma del Decreto Nro. 823/2021, «lejos de direccionar la comisión de algún delito, buscaba evitar y disminuir la intervención de terceros que pudieran poner en riesgo el patrimonio estatal».
El exmandatario negó haber estado involucrado en ninguna maniobra que tuviera por objetivo perjudicar el patrimonio estatal y pidió por una resolución de la justicia «que sea independiente de presiones externas».
Fuente: Agencias