La Justicia de Paraguay formalizó la acusación por contrabando contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, a quien interceptaron en diciembre pasado mientras intentaba ingresar al país con una elevada suma de dinero sin declarar. La presentación judicial también incluyó a su acompañante, Iara Guinsel Costa, con quien mantenía una relación afectiva.
Ambos permanecen bajo prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024, alojados en una residencia ubicada en Asunción.
La denuncia fue elevada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, a cargo de la Unidad Nº 1 Especializada en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, quien indicó que los acusados fueron “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.
La detención de Edgardo Kueider
El caso se remonta a la madrugada del 4 de diciembre, cuando efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).
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Kueider se encuentra procesado junto a su acompañante.
Archivo
En el procedimiento confiscaron una camioneta Chevrolet Trailblazer SUV negra, modelo 2021, en cuyo interior hallaron u$s211.000, además de 640.000 guaraníes y $3.900.000.
La causa penal se enmarca en el Código Aduanero de Paraguay (Ley N.º 2422/2004 y sus modificatorias por Ley 6417/19), que contempla para este delito penas de hasta 5 años de prisión o multas, dependiendo del contexto. Los artículos del Código Penal Paraguayo citados por el Ministerio Público son el 4°, 26, 27 y 29.
La acusación contra Kueider
El fiscal Villalba presentó su acusación tras cumplirse el plazo de seis meses que había solicitado para llevar adelante la investigación. El expediente contiene seis carillas con los hechos documentados y las pruebas recolectadas. Ahora, el juez de garantías interviniente deberá resolver si eleva el caso a juicio oral.
En esa misma línea, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió un dictamen en abril, confirmando que tanto Kueider como Costa incurrieron en el delito de contrabando, según lo establecido en la normativa aduanera paraguaya. Tras el rechazo a las apelaciones de sus abogados, la decisión quedó firme: el dinero secuestrado será girado al Tesoro Nacional y el vehículo confiscado será subastado.
Un dato que no había trascendido hasta ahora, según consta en la acusación, es que las autoridades paraguayas devolvieron en ese momento u$s9.900 a Kueider, cantidad máxima permitida para ingresar al país sin necesidad de declaración previa.
La extradición continúa estancada
En paralelo, la extradición del exsenador continúa empantanada. La jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado había pedido que Paraguay lo entregara por otra causa en la que se lo investiga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
El requerimiento fue impulsado por el fiscal federal Fernando Domínguez, pero esta semana la Justicia paraguaya rechazó nuevamente la solicitud.
Entre los motivos, se citaron deficiencias documentales y una “superposición de normativas internacionales”. La fiscal adjunta Matilde Moreno solicitó a la Argentina que se “aclaren exactamente los delitos atribuidos, se remitan los textos legales que los tipifican y se incluya el auto de mérito del 9 de abril de 2025”, que hasta ahora no fue enviado.
La funcionaria también alertó sobre el posible conflicto legal: “El escenario jurídico de superposición de normativas internacionales invocadas por las autoridades argentinas podría entorpecer el encause natural e impediría a las Autoridades Centrales y a las autoridades competentes en la República del Paraguay, la tramitación interna adecuada de la rogatoria y el cumplimiento estricto de las obligaciones convencionales”.
El Ministerio Público Fiscal paraguayo señaló que esta situación podría derivar en “el surgimiento de incidencias procesales que alterarían el curso del proceso de extradición”, ya que se encuentra cruzado con otro pedido de asistencia jurídica internacional, promovido por la Convención Interamericana sobre Asistencia, y tramitado en paralelo.