Un preso de la cárcel de Coronda y su pareja fueron condenados en juicio abreviado por una saga de extorsiones realizadas durante 2023 que en su mayoría quedaron en el intento. Se trata de Brian Figueroa, quien aceptó una pena de 14 años de cárcel, y Carla Belén Palacios, que acordó cinco años tras las rejas.
El acuerdo entre el fiscal de Violencias Altamente Lesivas Pablo Socca y la defensa de los imputados fue homologado este martes por el juez de primera instancia Fernando Sosa. Figueroa, de 30 años, admitió su responsabilidad por pergeñar desde su celda de Coronda catorce extorsiones en grado de tentativa y una consumada, además de las amenazas coactivas proferidas durante algunas de esas maniobras. La mujer fue sentenciada por seis intentos de extorsión y una consumada.
Semana agitada
La semana que comenzó el lunes 16 de enero de 2023 varios comerciantes de la zona de Bulevar Oroño entre Seguí y Uriburu recibieron por WhatsApp una serie de mensajes extorsivos en nombre de “los Cantero”. La exigencia consistía en la entrega de dinero para evitar ataques a tiros a sus locales o empleados.
“Hola, te hablamos por lo siguiente. Estamos agarrando todo el barrio que está atrás de la fábrica y todos los comercios de Oroño y Seguí hasta Uriburu. Tienen que pagar 250 mil pesos y no te molestamos todo el año, o 50 mil pesos por semana”, fue el mensaje que recibió la madrugada del lunes 16 de enero un comerciante de Oroño al 4100, según lo publicado en esos días por este diario. El mismo continuaba así: “Eso es para no agarrarte a tiros todas las semanas, para no mandar a los pibes y agarrarte a alguien de ahí de tus trabajadores y darle un tiro, que no te lo prendamos fuego y muchas cosas más. Es una sola cuota, o si no pagás tenés problemas con la mafia. Atte. La Mafia. Plata o Plomo”.
Mensajes similares recibieron comerciantes con locales sobre Oroño, entre el 4100 y el 4800, y también Uriburu al 1500. A todos los asustaban mencionando a “la monada” o “los Cantero” y les exigían la misma tarifa: 250 mil pesos por única vez o cuotas semanales de 50 mil.
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La investigación de Socca comenzó el mismo día que los mensajes en serie para los comerciantes. Entre las primeras medidas llamaron la atención las imágenes de una cámara de vigilancia de la zona donde se veía pasar a una mujer en bicicleta mirando los locales, hasta que en uno dejó una nota manuscrita con la siguiente leyenda: “¿Qué hacemos, pagan o no? O tiramos tiro”.
El plan para desbaratar a los extorsionadores fue lograr una negociación que habilitara lo que se conoce como procedimiento de entrega controlada, es decir, orquestar el pago de la suma requerida por parte de policías encubiertos que al llevar el supuesto dinero terminan deteniendo al cobrador. Fue lo que sucedió en este caso, aunque en primer lugar el cobrador resultó ser otra de las víctimas de Figueroa y Palacios, quien ya había sido identificada a partir de los datos de CBU de la cuenta que los delincuentes ofrecían a sus víctimas para que realizaron los pagos por transferencia bancaria.
Con garantía
La secuencia que terminó por desbaratar los planes de Figueroa comenzó el 13 de enero de 2023, cuando alguien usó un perfil de Facebook para contactar a un hombre y se presentó como una mujer con intenciones de seducirlo. Así se entabló una charla que decidieron continuar por WhatsApp. Entonces, mientras la supuesta mujer insistía en conocer su domicilio exacto, la víctima recibió un llamado telefónico desde un número oculto a través del cual un hombre lo amenazó con balear su domicilio, de cuyo frente le envió fotos, y le exigió dinero a cambio de no atentar contra su vida.
El extorsionador le ofreció la posibilidad de pagar por transferencia bancaria y así le brindó los datos del CBU que la organización les daba a las víctimas para que realizaran los pagos. La víctima cedió y realizó distintas entregas parciales. La primera fue ese mismo día de forma presencial en el cruce de Francia y Seguí, donde al anochecer se encontró con Palacios.
Al día siguiente, sobre el mediodía, la misma persona volvió a llamar a la víctima y la conminó a acercarse a una estación de servicios de Ovidio Lagos y Biedma, donde recibió el segundo pago. Pero le recordó que aún le debía dinero y le exigió una garantía, por lo cual la víctima le ofreció una bicicleta que le entregó la noche siguiente en Avellaneda y Centeno.
El martes 17 de enero la víctima pactó la entrega del saldo con el extorsionador, pero antes le exigió una misión: pasar por un domicilio de Dr. Riva y Oroño para retirar un dinero pero en ese movimiento fue detenido por personal policial que estaba interviniendo en otras amenazas, en este caso las recibidas el día anterior por un comerciante de Oroño al 4200 en el teléfono fijo de su local. En esta conversación el extorsionador le ofreció a la víctima pagar por transferencia bancaria y le brindó los datos de la cuenta, a nombre de Carla Palacios, lo cual terminó siendo vital para identificar a la principal cómplice del extorsionador de Coronda.
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La víctima intentó hacer la transferencia pero cuestiones administrativas lo impidieron. Así, pactó una entrega presencial en Cerrillos y Garibaldi. La víctima fue hasta allí y se encontró con policías que le advirtieron de la investigación que había comenzado horas antes. A las 16.50 el extorsionador llamó por teléfono y fue atendido por un policía que fingió ser una de las víctimas con quien empezó a negociar la entrega del dinero para el día siguiente, cerca de las 14.45, en Oroño y Dr. Riva.
El personal de la Brigada de Extorsiones de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encontró en ese lugar con un hombre vestido con una camiseta de Newell’s que tomaba una bolsa negra con fajos de hojas que simulaban ser fajos de billetes. Cuando lo detuvieron, con una mochila que entre otras cosas contenía 50 mil pesos, este hombre les dijo que en realidad era una víctima del extorsionador, que hacía cuatro días había comenzado a amenazarlo, que ya le había entregado una bicicleta como garantía y que el dinero que llevaba era para hacer la entrega del último pago. Cuando se comprobó que decía la verdad, al día siguiente fue liberado.
Mientras tanto los policías fueron por Carla. Horas después del operativo de entrega controlada fueron a la casa de la zona sudoeste donde la mujer vivía con sus hijos de 1 y 8 años. Una vez detenida Palacios, los investigadores establecieron que las extorsiones eran realizadas por su pareja, Figueroa, que cumplía en Coronda una condena a ocho años y cuatro meses por asaltar a mano armada cuatro negocios del centro rosarino en 21 días. Luego se comprobó que los mensajes extorsivos eran enviados desde un celular que este preso tenía en su celda.
Secuelas
El fracaso de esa saga intentada con los comerciantes de Oroño y Seguí no impidieron que Figueroa siguiera intentando esos negocios desde la cárcel. Por ello, en mayo del año pasado le imputaron otros ocho episodios en los cuales Palacios no participó y que también fueron incluidos en la condena aceptada por el extorsionador.
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Por ejemplo, el 15 de febrero de 2023, hizo varios llamados a una persona para exigirle dinero bajo amenazas de muerte y de balear su vivienda. Los mensajes continuaron durante unas horas incluyendo fotos de un auto de la víctima estacionado en Seguí al 3300. También se le atribuyó a haber participado junto a otras personas aún no identificadas de una maniobra que incluyó una balacera contra la casa de la víctima.
Otro hecho que le atribuyeron ocurrió sobre las 19 del 5 de junio de 2023 cuando personas desconocidas arrojaron en una casa una nota con amenazas para que sus moradores abandonaran la propiedad y un número de teléfono al cual llamar. Horas más tarde llegaron hasta esa vivienda dos hombres en una moto y uno exhibió un arma con la cual apuntó contra el inmueble con intenciones de disparar, pero no pudo porque el arma estaba averiada.
Los días 27, 28 y 29 de junio de 2023 envió una serie de amenazas vía WhatsApp al director de un centro médico y al teléfono de ese establecimiento con amenazas a la institución y al personal. El primer día una mujer no identificada concurrió al efector a pedir un certificado de embarazo. Cuando le dijeron que esperara se retiró ofuscada y horas después comenzaron las amenazas. Al día siguiente, entre las 10.30 y las 11, la mujer volvió y fue atendida por la víctima, a quien le dijo que necesitaba un certificado de embarazo para un familiar y el profesional respondió que debía examinarla para constatar el embarazo. La mujer dijo que la acompañaría al centro de salud, pero no lo hizo. Lo que sí ocurrió es que el profesional comenzó a recibir amenazas.
Otro hecho que se le endilgó fue, junto a dos cómplices aún no identificados, una secuencia extorsiva que comenzó el 19 de julio de 2023 cuando le enviaron a la víctima el pack de amenazas por Whatsapp que contenía fotos de su casa y las clásicas amenazas de muerte a la víctima y su familia. Ese mismo día, a las 23.50, y a la 1.15 del día siguiente recibió otras dos llamadas intimidantes. Como las celdas del número del extorsionador impactaron en Rosario y Santa Fe, pero no en Coronda, se infiere que los llamados no fueron realizados por Figueroa.
Ese mismo día la madre de la víctima denunció la situación en el Centro Territorial de Denuncias del Distrito Noroeste y luego comenzó a recibir llamadas de ese mismo número: un hombre le exigía que le proporcionara el contacto de celular de su hijo y que le entregara dinero, bajo amenazas de muerte. En ese marco también le achacaron una maniobra similar del 8 de agosto de 2023.
Otra maniobra que le endilgaron se perpetró el 16 de agosto de 2023, sobre las 23, desde el mismo número de teléfono que empleó para amenazar a otras víctimas. En este caso Figueroa dijo ser el padre de una mujer menor de edad con un nombre ficticio con quien la víctima había entablado una relación en Facebook. Las extorsiones intentadas por Figueroa desde la cárcel de Coronda continuaron al menos hasta diciembre de ese mismo año.