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Prefectura actualiza el régimen registral de embarcaciones con la Ordenanza 1/26

La Prefectura Naval Argentina reemplazó la histórica Ordenanza 9/02 por la Ordenanza 1/26 (DPSN), que adapta el Registro Nacional de Buques al nuevo REGINAVE y a un sistema de gestión digital. La norma introduce cambios en los trámites, las categorías de matriculación, los motores y las responsabilidades de los propietarios.

La Prefectura Naval Argentina actualizó las normas y formularios utilizados por el Registro Nacional de Buques. La Ordenanza N° 1/26 (DPSN), Tomo 2 “Régimen Administrativo del Buque”, deja sin efecto la histórica Ordenanza N° 9/02 y adapta el sistema registral al nuevo REGINAVE y a una administración cada vez más digital.

Uno de los cambios más visibles es que los trámites ante el Registro Nacional de Buques deberán realizarse, como regla general, mediante Trámites a Distancia (TAD). La presentación presencial queda reservada para situaciones excepcionales y debidamente justificadas, como limitaciones de acceso tecnológico o trámites que requieran documentación original. La información digitalizada será centralizada en el Registro Nacional de Buques.

La nueva normativa adapta las categorías registrales al REGINAVE. La Matrícula Nacional comprende ahora buques de 3 o más toneladas de arqueo bruto, mientras que el Registro Especial de Yates (REY) incluye embarcaciones de 3 o más destinadas al deporte, recreo y actividades relacionadas. Las unidades de menos de 3 toneladas de arqueo bruto pasan a inscribirse en los registros electrónicos jurisdiccionales de Prefectura. Las embarcaciones de arqueo bruto 2 que actualmente están matriculadas en REY deberán reinscribirse en los registros jurisdiccionales dentro de un plazo de dos años.

La normativa anterior vinculaba la falta de pago de la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula con la prohibición de navegar. La nueva Ordenanza 1/26 elimina ese mecanismo automático. Prefectura seguirá verificando las deudas y podrá reclamar su pago, pero la existencia de una deuda no puede impedir el ingreso y la remisión de un trámite al Registro Nacional de Buques. La propia Prefectura explica que la modificación busca agilizar los procesos administrativos y eliminar la prohibición automática de navegar por falta de pago.

Otra modificación importante para la náutica deportiva está relacionada con los motores. La normativa anterior establecía la registración obligatoria de los fuera de borda de 40 HP o más. La Ordenanza 1/26 eleva considerablemente ese límite: ahora deben registrarse obligatoriamente los motores fuera de borda de 85 kW o más, aproximadamente 114 HP. Para los motores de menor potencia, la registración es optativa. Para los que no se registren, el propietario deberá conservar la factura o contrato de compra y, cuando corresponda, la documentación que acredite su nacionalización.

La nueva ordenanza incorpora una herramienta que modifica la relación entre el usuario y la administración: la declaración jurada de navegabilidad. Para determinadas embarcaciones nuevas, el propietario deberá declarar que la unidad se encuentra en condiciones adecuadas de navegabilidad y que quien la conduce cuenta con la documentación habilitante correspondiente. La medida busca agilizar determinados procesos, eliminando las inspecciones de la Prefectura en embarcaciones nuevas sin uso, pero también significa una mayor responsabilidad para el propietario.

Otra de las novedades es la incorporación expresa de las Organizaciones Reconocidas y/o profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Naval dentro del Régimen Simplificado. La nueva norma permite su intervención en determinados procesos de construcción, modificación y eliminación de buques o artefactos navales. Además, en determinados casos, un certificado del astillero constructor puede ser reemplazado por una certificación de homologación emitida por Prefectura, una Organización Reconocida o un profesional matriculado dentro del régimen simplificado.

Esta ordenanza también incorpora un procedimiento específico para determinadas transferencias. Cuando se trate de embarcaciones de 3 a menos de 10 toneladas de arqueo bruto, antes de iniciar la transferencia el propietario deberá presentarse ante la dependencia de Prefectura correspondiente al lugar donde se encuentra la unidad. El objetivo es verificar que la embarcación existe y que sus características de casco y motores coinciden con la información registrada. Si existen diferencias de medidas o arqueo, pero se determina que se trata de la misma embarcación, puede realizarse un rearqueo. Si hubo modificaciones o se instaló otro motor, el propietario deberá presentar un descargo y documentación respaldatoria.

La normativa también contempla alternativas para determinados documentos relacionados con buques y motores importados. En determinados casos, documentación vinculada con la importación puede complementarse o reemplazarse mediante declaraciones juradas con las formalidades previstas. También se permite reemplazar determinados certificados del astillero por certificaciones de homologación de Prefectura, del Estado de abanderamiento, de una organización reconocida o de un profesional habilitado.

La Ordenanza 1/26 busca, además, adaptar el Registro Nacional de Buques a una realidad diferente de la que existía cuando se dictó la Ordenanza 9/02. Para el navegante, las principales ventajas son la digitalización, la eliminación de la prohibición automática por deuda, la reducción de las registraciones obligatorias de motores y una mayor flexibilidad documental. Las principales desventajas o desafíos son la obligación de reinscribir determinadas embarcaciones, la necesidad de realizar verificaciones físicas en algunas transferencias y una mayor responsabilidad del propietario y de los profesionales que intervienen mediante declaraciones y certificaciones.

En definitiva, la nueva norma no es simplemente un cambio de formularios. Representa un cambio en la manera de administrar y registrar las embarcaciones en la Argentina. La filosofía parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayor responsabilidad de los actores involucrados. Para el propietario, la recomendación es sencilla: antes de vender, comprar, transferir, modificar o registrar una embarcación, conviene verificar cuál es ahora el procedimiento aplicable y qué documentación corresponde presentar. Después de más de 20 años, la Ordenanza 9/02 queda atrás. La náutica argentina comienza a operar bajo un sistema registral pensado para una administración digital y con una participación mucho mayor del propietario, los astilleros y los profesionales del sector.

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