El estado de Nueva York alcanzó un acuerdo con T-Mobile para eliminar los límites de datos y velocidad en los planes de internet doméstico de bajo costo, tras una investigación de la Oficina de la Fiscal General que detectó reducciones de velocidad superiores al 97%.
El estado de Nueva York alcanzó un acuerdo con T-Mobile USA, Inc. que obliga a la empresa a eliminar los límites de datos y velocidad que aplicaba a los suscriptores de bajos ingresos del programa de internet doméstico asequible, según anunciaron la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James.
La investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG) determinó que T-Mobile imponía un límite mensual de 50 gigabytes a los suscriptores del plan de la Ley de Banda Ancha Asequible (ABA, por sus siglas en inglés), tras el cual la velocidad de descarga se reducía de 25 megabits por segundo (Mbps) a 650 kilobits por segundo (Kbps), una disminución de más del 97%. Según el documento del acuerdo, un usuario promedio podía alcanzar ese límite en pocos días de uso habitual.
La ABA, vigente desde enero de 2025, exige a los grandes proveedores de internet ofrecer planes a hogares de bajos ingresos por USD 15 mensuales con velocidades mínimas de 25 Mbps, o por USD 20 con velocidades de al menos 200 Mbps.
Además de las restricciones de velocidad, la OAG detectó que T-Mobile solo ofrecía sus planes ABA en zonas con cobertura 5G, pese a que brindaba planes de precio completo con velocidades equivalentes en áreas con servicio 4G. La empresa también había programado su sitio web para que los motores de búsqueda no indexaran la página con información sobre estos planes accesibles, lo que dificultaba que los neoyorquinos elegibles los encontraran en internet.
Bajo los términos del acuerdo, T-Mobile deberá eliminar los topes de datos y garantizar velocidades de descarga de 25 Mbps a todos los suscriptores ABA, con la única excepción de reducciones temporales causadas por congestión de red. Además, deberá extender la oferta de planes ABA a todas las zonas donde provee servicio de internet doméstico, incluyendo las áreas con cobertura 4G, y asegurarse de que su página de planes accesibles sea indexable por los buscadores. La empresa tiene 120 días para implementar estos cambios.
En el texto del acuerdo, T-Mobile no admitió incumplimiento alguno: “el demandado no admite ni niega los hallazgos de la OAG”. En un comunicado recogido por SILive.com, la compañía señaló: “Hemos llegado a un acuerdo con la fiscal general de Nueva York que refuerza ese compromiso, brinda mayor claridad sobre nuestra oferta y hace que el plan esté disponible para más clientes elegibles”.
El Departamento de Servicios Públicos de Nueva York identificó irregularidades en el plan en junio de 2025 y derivó el caso a la OAG, que completó la investigación y cerró el acuerdo en aproximadamente 18 meses.
“El internet confiable y asequible es una necesidad básica para todos los neoyorquinos, pero T-Mobile ignoró la ley diseñada para ayudar a los más vulnerables a acceder a él”, afirmó James en el comunicado oficial. Por su parte, la gobernadora Hochul remarcó que el acceso a internet “es esencial para el trabajo, la educación, los servicios de emergencia y mantenerse en contacto con seres queridos”.
Los hogares neoyorquinos son elegibles para los planes ABA si al menos uno de sus integrantes recibe Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Asistencia para la Energía del Hogar (HEAP), almuerzo escolar gratuito o reducido mediante el Programa Nacional de Almuerzo Escolar, o alguna de las exenciones de aumento de alquiler para personas mayores o con discapacidad (SCRIE/DRIE). Quienes no estén inscriptos en ninguno de estos programas también pueden calificar según su nivel de ingresos.
Este acuerdo se suma a otro que el estado de Nueva York alcanzó con T-Mobile en octubre pasado, cuando la compañía aceptó compensar a clientes a quienes había subido los precios de sus planes móviles pese a haberles prometido un precio fijo de por vida. Ese acuerdo incluyó opciones de reembolso para los afectados y un bloqueo de precios hasta mayo de 2029, con un valor estimado de hasta USD 38 millones para los clientes, además de una multa de USD 98.834,75 pagada al estado.