El gobierno provincial y el Partido Socialista mantienen posiciones encontradas sobre el proyecto de seguridad enviado en mayo. El tratamiento comenzó en octubre y la votación está prevista para el jueves.
El proyecto de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo provincial en mayo comenzó a tratarse en octubre. La votación está prevista para el jueves. En ese marco, se expusieron diferencias entre el radicalismo y el socialismo, socios en la coalición Unidos.
Posiciones encontradas
Desde el entorno del gobernador Pullaro, un integrante del círculo cercano afirmó: “Lo más probable es que sea una cuestión ideológica. Si quieren marcarle la cancha al gobernador en seguridad, se equivocan. Están yendo en contra de la gente que no quiere volver atrás. La discusión de poder no es hacia dentro, es hacia fuera con las organizaciones criminales”.
En el radicalismo sostienen que tuvieron “demasiada paciencia” y que el tratamiento del proyecto se demoró desde mayo hasta octubre. Señalan que la invitación a abogados penalistas fue un punto de quiebre. “Las organizaciones criminales son el enemigo y los introdujeron al debate”, se quejan en el gobierno. Advierten que con esa convocatoria el oficialismo se muestra dividido y el gobierno proyecta una imagen de debilidad. “El mensaje que se da a las organizaciones criminales es que si no estuviera Pullaro muchas políticas que sirvieron para bajar el delito se terminarían”, sostienen.
La versión del socialismo es distinta. En el PS leen que un sector del gobierno pretende que el Ministerio de Seguridad asuma tareas de persecución penal que corresponden a los fiscales. Sus reparos abarcan las declaraciones en sede policial y los interrogatorios policiales sin abogado, además de los sistemas de recompensas e inteligencia. Desde esa perspectiva, el proyecto crearía una especie de mini Ministerio Público de la Acusación dentro del Ejecutivo. “Ese debate ya se saldó en la Constituyente. El único encargado de perseguir el delito es el MPA”, resaltan en el socialismo.
En el PS también rechazan la idea de que sean los únicos que objetan el proyecto. “Que vean cuál fue la posición de la Corte Suprema, el MPA y el Ministerio Público de la Defensa. No hay ninguna voz relevante que lo defienda”, sostienen. Además del contenido, cuestionan la forma en que se encaró el debate. Consideran que la ley integra una estrategia del gobierno para reposicionarse en seguridad y que el radicalismo busca disciplinarlos.
Antecedentes de tensiones en Unidos
Las fricciones entre ambos partidos han sido una constante en Unidos. La UCR reclama margen para ejecutar su política de seguridad. El PS reivindica su papel de revisión interna y pregunta qué pasaría con esas facultades bajo un gobierno de otro signo. Ese es el caso de los dispositivos de inteligencia. En esa discusión, el radicalismo defiende la capacidad de decisión de Pullaro y el socialismo afirma su autonomía dentro de la coalición.
Hasta ahora, esas tensiones no impidieron construir acuerdos. Ocurrió con las reformas de la Justicia, la Caja de Jubilaciones y la Constitución. En cada una de esas batallas, radicales y socialistas discutieron y al final encontraron una síntesis. En Unidos creen que lo mismo sucederá esta vez. “La ley tiene aspectos mejorables y votables. Vamos a llegar al jueves”, confían en el PS.
Las diferencias quedaron expuestas públicamente. El PJ aprovechó la oportunidad para resaltar las contradicciones en Unidos. “Todos vamos a tratar de fingir demencia”, sintetizó un referente de Unidos.
El debate también está atravesado por la proximidad de las definiciones electorales: en la provincia las listas se presentan en febrero. Otro factor es la posición ante el gobierno nacional de Javier Milei.
Ronda de negocios Rigi en Rosario
La ronda de negocios Rigi en Rosario mostró un punto de convergencia entre el gobierno nacional y el de Santa Fe. Reunió a sectores con situaciones distintas: la energía y la minería impulsan inversiones, mientras la industria, la construcción y el comercio arrastran dificultades. La apuesta del gobierno de Santa Fe es tender un puente entre ambos mundos.
En lo político, el evento le sirvió a Pullaro para reforzar la idea de un cambio de etapa en Rosario, mostrarse como un referente nacional y presentar un modelo alternativo, con coincidencias y diferencias del programa libertario. Un dato fue la presencia de Karina Milei.
La relación entre la Nación y la provincia está en un buen momento. El vínculo mejoró con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Él y Pullaro se conocen de Cambiemos. “No en todos, pero en algunos temas pudo cumplir”, dicen en Santa Fe.
Santilli también es el encargado de tejer acuerdos políticos. En Santa Fe, ese entendimiento podría ser algún tipo de pacto de no agresión. “Hay altas posibilidades de que ocurra eso. Donde ellos son la segunda opción del no peronismo, no quieren quedar como los que favorecieron el triunfo del PJ”, razonan cerca de Pullaro. Ese esquema podría extenderse a Rosario: el mismo día de la ronda de negocios Rigi, Unidos y La Libertad Avanza votaron en el Concejo Municipal la legalización de Uber y DiDi.
El 2027 podría abrir otra diferencia entre la UCR y el PS. Con Pullaro como uno de sus principales promotores, los gobernadores jugaron fuerte en el armado de Provincias Unidas. Un año después, el espacio de la tercera vía aparece desdibujado. Hoy, buena parte de ese sector parece menos dispuesta a impulsar una alternativa presidencial propia y más atenta a su electorado antikirchnerista. En el socialismo miran el modelo Lula: una alianza amplia que incluya a todos los que se oponen a Milei. El problema, reconocen en el PS, es que en la Argentina actual no aparece una figura con el liderazgo del brasileño para reunir y conducir una coalición de ese tamaño.