La jueza de instrucción 2 de Tierra del Fuego, María Cristina Barrionuevo, dispuso el procedimiento en la terminal marítima para permitir el ingreso del personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial. La causa se inició por una denuncia de la Fiscalía de Estado sobre impedimentos a las tareas de fiscalización entre agosto y octubre.
La Justicia de Tierra del Fuego ordenó este miércoles un allanamiento en el predio del Puerto de Ushuaia, ubicado en la avenida Maipú 510, con el objetivo de garantizar el ingreso del personal técnico de la Secretaría de Ambiente provincial. La medida fue dictada por la jueza de instrucción 2, María Cristina Barrionuevo, en el marco de la causa 42.281/2026, iniciada a partir de una denuncia formal de la Fiscalía de Estado.
Según la acusación, funcionarios provinciales habrían sufrido impedimentos sistemáticos para acceder al puerto y realizar tareas de auditoría entre los meses de agosto y octubre. Ante la reiteración de estos episodios, el juzgado autorizó el registro oficial y delegó el operativo en la Prefectura Naval Argentina. La resolución habilitó el uso de la fuerza pública, supeditado a casos de estricta necesidad para asegurar el cumplimiento de la manda legal.
El procedimiento comenzó a las 14 en el predio portuario. Los equipos de las áreas de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos de la Provincia inspeccionaron los muelles Comercial y de Catamarán, la Plazoleta Fiscal y el Taller Mecánico, además de otras zonas de almacenamiento, relleno y sistemas de drenaje pluvial, de acuerdo con el mandato judicial.
El objetivo central de los peritos es determinar la presunta presencia de residuos peligrosos, evaluar sus condiciones de conservación y verificar los registros de trazabilidad, según informaron fuentes judiciales. Asimismo, se inspeccionan posibles derrames o filtraciones contaminantes vinculadas al mantenimiento de las embarcaciones que puedan poner en riesgo el recurso hídrico local.
El dictamen judicial aclaró que los antecedentes reunidos hasta el momento no acreditan por sí mismos la existencia de una contaminación actual en el predio, sino que la urgencia radica en transparentar la gestión de los residuos y destrabar el poder de policía del Estado.
Con el acceso de los inspectores garantizado por el allanamiento, la investigación judicial avanza para esclarecer la responsabilidad de las autoridades portuarias en el presunto ocultamiento y obstrucción de los controles públicos.