Este miércoles se realizarán reuniones conjuntas de comisiones para avanzar en los dictámenes sobre las plataformas de transporte y la adhesión a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches.
El Concejo Municipal de Rosario tratará este miércoles dos temas con impacto en la ciudad: el proyecto de habilitación para las plataformas de transporte como Uber y Didi, y la prohibición de la actividad de cuidacoches. Ambos serán abordados en reuniones conjuntas de comisiones para avanzar en los dictámenes que permitan su tratamiento en el recinto de sesiones.
La reunión de la comisión de Servicios Públicos, presidida por Anahí Schibelbein, confirmó un nuevo encuentro conjunto con la comisión de Gobierno para este miércoles a las 11 en el Salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo, con el fin de continuar el tratamiento de la habilitación de las plataformas electrónicas de transporte. Schibelbein anticipó la presentación de cambios en la redacción propuestos por el interbloque Unidos, que serán puestos a consideración. «Una de las últimas solicitudes que hicieron los taxistas es que dentro de las opciones que ofrecen Uber y Didi se incluya la opción taxis. Considero que es muy factible, y luego veremos lo de la tarifa mínima. Lo que no es una posibilidad para nosotros es lo de legalizar los viajes por App en motos», declaró la concejala a La Capital.
En el desarrollo de la comisión, sectores taxistas objetaron la legalización de las aplicaciones de transporte de pasajeros. José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), reiteró la falta de cobertura de seguros para pasajeros transportados por aplicaciones como uno de los puntos débiles a resolver en una futura ordenanza. Indicó que el alcance de la protección abarca a titulares de vehículos, no a personas transportadas, y automóviles con hasta 10 años de antigüedad. Propuso llamar a audiencia a los representantes locales de la Asociación de Productores Asesores de Seguros para que se expidan sobre la materia.
Otra referente del sector, Vanesa Judith Mulardo, se refirió al último estudio de costos sobre el sistema público de taxis que, al mes de julio de 2026, arroja una variación con el valor tarifario actual del 29,35 por ciento sobre la bajada de bandera (3.559,78 pesos) y de un 53,44 por ciento sobre la ficha cada cien metros (actualmente establecida en 177,98 pesos), lo que acrecienta las diferencias de tarifa con las promociones de las aplicaciones.
Ricardo Arijón, de la Asociación Civil Paradas Libres, sostuvo que Uber como empresa transporta fundamentalmente a personas, lo que implica la condición de servicio público, y no de un servicio privado como sostienen quienes impulsan la legalización de Uber y Didi.
Hasta la semana pasada, el trámite parlamentario se había empantanado. La propuesta del intendente Pablo Javkin no reúne voluntades de otros bloques. El concejal libertario Juan Pedro Aleart se afirmó en su postura de eliminar la actual ordenanza de 2023 que habilitaba las aplicaciones y regulaba su funcionamiento, remarcó que los precios de los viajes deben acordarse por oferta y demanda, rechazó el cobro de una tasa a las empresas y afirmó que se deben habilitar los traslados en moto, ítem que el mensaje del Ejecutivo dejó a un lado.
El peronista Mariano Romero cuestionó la eliminación del límite de antigüedad en la reglamentación propuesta por el oficialismo de diez años, al considerar que las aplicaciones deben ser consideradas como un servicio público y no se puede desregular totalmente la tarifa.
Frente a estos cuestionamientos, el oficialista Fabrizio Fiatti defendió la continuidad de la normativa referida a taxis y remises. «No podemos cambiar la definición de servicio público, eso no está en debate», remarcó en cuanto al alcance que puede tener desde principios de año la ley de modernización laboral. Sostuvo que hay acercamientos, pero fijó un límite en cuanto al diálogo con LLA: «No compartimos que haya que regular las motos». Recordó que los viajes ofrecidos por Uber no tienen una cobertura acorde que sea reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Los voceros de Uber para el Cono Sur se habían ofrecido a concurrir al Concejo para intercambiar información, cruzar datos, relatar experiencias en otras ciudades y marcar postura sobre pros y contras en la futura legislación. «El mensaje del Ejecutivo va en el camino correcto», habían anticipado en diálogo con este diario.
En cuanto a la actividad de cuidacoches, el Ejecutivo envió el pasado 17 de octubre un mensaje por el que se propone la adhesión a la ley provincial 14.486 que prohíbe la actividad en toda la provincia. Para continuar con su análisis se acordó una comisión conjunta de Control, Convivencia y Seguridad, Obra Pública y Gobierno para este miércoles. La norma impone tareas educativas y comunitarias para quienes cometen contravenciones, contempla multas pecuniarias y una gradualidad en las sanciones según los niveles de coacción o extorsión, y establece penas de casi un millón de pesos para los organizadores de grupos de cuidacoches que se beneficien con esta actividad prohibida. Se faculta a los agentes municipales a solicitar la intervención y auxilio de la policía «al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda». Con la modificación del artículo 300 del Código de Convivencia municipal, se introducen multas, tareas socioeducativas y sanciones pecuniarias que podrían rozar el millón de pesos para los infractores. También un capítulo social que promueve la reinserción laboral en oficios y el abordaje de consumos problemáticos.