El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó en conferencia de prensa que los cambios de seguridad en la Quinta de Olivos responden a «amenazas a funcionarios de primer nivel» y a la visita del papa León XIV prevista para noviembre. También se refirió a las cifras de deportaciones y rechazos en fronteras.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde se refirió a los cambios en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos y a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre deportaciones.
Consultado sobre la militarización de la residencia presidencial, Ravier afirmó que los cambios «obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV (prevista para noviembre) que nos implica cambios en seguridad». El vocero no amplió sobre qué funcionarios recibieron amenazas ni de qué tipo.
Ravier sostuvo que se produjo un «cambio en el eje de la política nacional». En ese sentido, declaró: «Lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y de Casa Rosada requiere de medidas de seguridad al Presidente. Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual el Presidente esté. Esto implicó cambios de personal».
El domingo, en una entrevista televisiva, el presidente Milei había dicho que «la Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar» y advirtió que entre el año pasado y lo que va de 2026 fueron deportados «30.000 terroristas».
Sobre ese punto, Ravier se remitió a informes del Ministerio de Seguridad. Según datos oficiales, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026 se contabilizan 20.630 casos de extranjeros rechazados o no admitidos. De ese total, el 72,3% responde a «perfiles de riesgo, penas detectadas o que no cumplen con los requisitos para ingresar». Por nacionalidad, el 21,7% son de Brasil; 21% de Paraguay; 18,8% de Bolivia; 5,5% de Chile y 5,3% de Colombia. El resto son de otros países.
En cuanto a expulsados y deportados, se trata de personas extraditadas o con alerta roja de Interpol. En este caso, el 24,4% son de Paraguay; 18,1% de Perú; 17,9% de Bolivia; 15,1% de Chile y 8,7% de Colombia. El resto pertenecen a otros países.
Las cifras presentadas por Ravier no alcanzan los 30.000 mencionados por el Presidente. El vocero explicó que la diferencia se debe a que Milei «incluyó casos anteriores al 1° de diciembre de 2025 que es lo que contabiliza este informe».
Respecto de si las nuevas medidas de seguridad en las residencias del mandatario tienen relación con la supuesta actividad terrorista de quienes tuvieron negado su ingreso al país, Ravier consideró que «son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o que por distintas razones no ingresan».
El vocero también afirmó que hasta diciembre de 2023 «las fronteras de la Argentina eran un colador» y que «hoy estamos protegiendo nuestras fronteras y estamos analizando nuestros ingresos», en el marco de un cambio en la política de Estado en materia de seguridad.