La Cámara de Diputados convocó a un plenario de comisiones para este miércoles al mediodía con el objetivo de comenzar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que consta de más de 130 artículos, incluye temas como la reivindicación de Malvinas, cambios en el financiamiento de partidos políticos y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
La Cámara de Diputados de la Nación convocó a un plenario de comisiones para este miércoles al mediodía con el fin de iniciar el debate del proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo. La convocatoria se da dos meses antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre.
El tratamiento del proyecto fue solicitado con urgencia por el presidente Javier Milei. La norma cuenta con más de 130 artículos distribuidos en 8 títulos y abarca desde la defensa de Malvinas hasta modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.
El plenario de este miércoles reunirá a las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Rodríguez Machado (LLA-Córdoba); Defensa Nacional, a cargo de Carlos Zapata (LLA-Salta); y Relaciones Exteriores y Culto, que lidera Juliana Santillán (LLA-Buenos Aires).
Entre los integrantes de estas comisiones se encuentran legisladores que representan a la provincia de Santa Fe: Pablo Farías (PU), José Nuñez (PU), Alejandro Bongiovanni (LLA) y Juan Pablo Montenegro (LLA) en la primera; Agustín Rossi y Germán Martínez (UxP), Alejandro Bongiovanni y Valentina Ravera (LLA) en la segunda; y Esteban Paulón y Gisela Scaglia (PU), Caren Tepp y Florencia Carignano (UxP) y Nicolás Mayoraz (LLA) en la tercera.
Según medios especializados, la intención del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre para que el proyecto sea debatido en una sesión prevista para el día siguiente.
El proyecto contempla el endurecimiento de las penas, de hasta 20 años de prisión, por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, además de la inhabilitación para operar en la Argentina. La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Asimismo, establece un registro público de infractores y dispone que el Estado y los particulares tengan prohibido contratar con las personas o empresas allí inscriptas. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva ley.
Se crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros. Entre sus prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso, después de agotar las demás instancias previstas en un protocolo de actuación.
En materia de financiamiento político, se prohibirán los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. También se incorporarán delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización, por cuenta propia o con financiamiento extranjero, de acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
El proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales. Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
Mientras tanto, para el martes a las 14 se espera el plenario de las comisiones de Finanzas y Derechos del Consumidor y la Competencia, que deberá dirimir un dictamen sobre morosidad.