El Ejecutivo intimó a Londres por la exploración de hidrocarburos en las islas y anticipó medidas cautelares internacionales si continúan las actividades en el sur. El presidente Javier Milei sostuvo que si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación, acudirán al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno de Argentina anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Lo hizo ante el avance de la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
«Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar», sostuvo el presidente Javier Milei en su cuenta de X.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada amplió que el jefe de Estado Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de dicha Convención.
El objetivo central de la medida es impedir la explotación en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado «Sea Lion», así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
Los argumentos jurídicos de la ONU
En el texto oficial, la administración libertaria fundamentó su reclamo al recordar que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de manera expresa la adopción de decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos.
En ese marco, el documento califica la explotación unilateral como una violación al derecho internacional que genera un «perjuicio irreversible e irreparable» a los derechos soberanos del país.
La situación llevó a que el Gobierno intime al Reino Unido para que, en un plazo máximo de dos semanas, disponga las medidas necesarias para frenar el desarrollo del proyecto «Sea Lion», tal como expresó el jefe de Estado. El texto advierte que, de no cumplirse dicho requerimiento en el plazo fijado, la Argentina solicitará de inmediato medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar sus derechos.
Por otra parte, la Oficina del Presidente manifestó su «rechazo categórico» a la respuesta británica tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que la denominación de «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum unilateral celebrado en las islas en 2013 «no son reconocidos internacionalmente ni alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía».
Finalmente, el Gobierno informó que inició acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas de urgencia tras detectar operaciones aéreas no autorizadas de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas – Punta Arenas, realizadas por una aeronave con matrícula británica.
«La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional», concluyó el comunicado firmado por el Presidente.
El comunicado completo de Cancillería
«La Oficina del Presidente informa que, frente al accionar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del gobierno a que inicien el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objeto de impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado «Sea Lion», así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina».
«La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones».
«A su vez, la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó expresamente a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General».
«La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina».
«En ese marco, la República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina. De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental».
«Por otra parte, la República Argentina manifiesta su rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración pronunciada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pretendida denominación de las Islas Malvinas como «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
«Finalmente, se informa que, en función de haberse detectado operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas – Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes».
«La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional».